En un tiempo de 15 días, el Poder Ejecutivo debe designar un interventor, que tiene un plazo de 90 días para elevar sus conclusiones a la Cámara de Diputados. Culminado ese plazo y recibido el dictamen del interventor, por mayoría absoluta (41), la Cámara de Diputados podrá decidir la destitución o no del gobernador, en este caso, el cartista Juan Carlos Vera.
La situación comenzó cuando el diputado de Fuerza Republicana Hugo Ramírez pidió que el pedido de intervención pase al primer punto del orden del día, ya que los últimos temas casi nunca son tratados, pero se rechazó la moción.
Rápidamente, la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), pidió una sesión extraordinaria para estudiar el tema. Pero Basilio Núñez, líder de la bancada de Honor Colorado, solicitó antes un debate libre sobre Dimabel, en un intento de extender el caso, lo que no prosperó. Entonces se pasó a votar la moción de Kattya, que fue aprobada.
Ramírez fue el primero en hablar al iniciarse la sesión, señalando que será una oportunidad para el gobernador para demostrar que no hubo irregularidad en su gestión.
La diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), detalló las causales de la intervención, citando que Juan Carlos Vera transfirió G. 6.000 millones a funcionarios de la Gobernación que estaban en comisiones, también un pago de G. 750 millones por una obra que ya existía y, finalmente, que hubo irregularidades en las transferencias a oenegés, sin rendición de cuentas.
Bachi salió en defensa del gobernador afirmando que esta es una intervención por motivos políticos. Aseguró que la Contraloría dictaminó que no hubo daño patrimonial. Recalcó que luego de que Vera se pasara a Honor Colorado comenzó a ser un perseguido político.
Insistió en que es otro diputado el que quiere su cargo y es el que encabeza la persecución. Bachi se refirió a Éver Noguera, de Fuerza Republicana, quien es el candidato oficialista a la gobernación. De hecho, el apoyo de su movimiento se debió a esta interna, que fue determinante, a diferencia de lo que pasó en Central, donde se denunciaron hechos graves de corrupción en la administración del ex gobernador Hugo Javier González, pero el oficialismo le salvó de la intervención.