La Comuna realizó una denuncia ante la Fiscalía contra los manifestantes, acusándolos de obstaculizar el tránsito en la zona del puerto, donde operan balsas que cruzan el río Paraguay. A pesar de esto, los trabajadores lograron percibir dos meses de salarios correspondientes a julio y agosto de 2024, quedando aún un saldo pendiente de cinco meses. Los afectados sostienen que la administración ya contaba con estos fondos antes de la manifestación del lunes pasado, pero solo los liberó tras la presión ejercida.
El conflicto más grave recae sobre los diez concejales municipales, quienes denuncian que llevan entre 11 y 22 meses sin cobrar sus dietas. Alegan que la falta de pago es una represalia directa por su postura crítica hacia la gestión de Adorno, quien enfrenta un proceso judicial con medidas cautelares que le prohíben acercarse a menos de 500 metros de la sede municipal.
Hoy, el intendente deberá afrontar un juicio oral por lesión de confianza y administración en provecho propio, tras ser denunciado por la presunta adquisición irregular de un vehículo con fondos municipales. La mayoría de los concejales afectados forman parte de la lista de testigos en este caso, lo que aumenta las tensiones entre el ejecutivo y el legislativo local.
Los ediles sostienen que la Comuna cuenta con recursos suficientes, ya que ha recaudado sumas millonarias en concepto de impuestos. AM
