casas de crédito
La Cámara de Diputados se ratificó en su versión del proyecto de ley de protección de datos personales crediticios o Informconf, que establece la prohibición de utilizar datos crediticios de las personas como referencia para el acceso al empleo.
Desde febrero rige una resolución que obliga a las casas o prestadores de créditos a inscribirse ante la Seprelad, pero el cumplimiento aún es ínfimo. El sector sigue sin un regulador sobre sus operaciones.
Las 31 firmas agremiadas a la Cámara de Empresas de Crédito (Crecer) –la nueva denominación de la cámara de casas de crédito– cerraron el año con una cartera evaluada en unos USD 500 millones.
Sacó resolución que obliga a empresas que dan préstamos con capital propio a registrar la nómina de accionistas, inscripción ante SET y patente. Sin el registro, no podrán operar en el sistema financiero.
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, señaló que en las próximas semanas se realizarán reuniones con todos los sectores del sistema económico para llevar un registro. Esto incluiría a las casas de crédito, remesadoras, inmobiliarias, bancos y financieras.
El Banco Central del Paraguay reconoce no poseer cifras oficiales sobre el movimiento de este segmento de crédito, actualmente poco regulado; sin embargo, gracias a un estudio que realizó el Bureau de Informaciones Comerciales SA (Bicsa), una empresa uruguaya que desde marzo comenzó a operar en nuestro país, se cuenta con las primeras cifras sobre este negocio.
A nivel país serían 369.739 los clientes de las casas de crédito y la deuda promedio oscila los G. 5,5 millones, según datos de la CPCC. El jueves el Senado trata la ley que faculta al BCP a verificar sus operaciones.