En un mundo donde los cambios políticos y económicos ocurren a gran velocidad, Paraguay se encuentra en una posición única dentro de América Latina. Con un pasado marcado por dictaduras y una transición hacia la democracia (pasaron 35 años del periodo dictatorial, el sistema del TSJE es un modelo de ejemplo eficiente y transparente a nivel regional aun así 25% de los paraguayos cree que los votos no se cuentan bien, y persisten algunas prácticas estructurales que nos obligan a pensar en un proceso de transición que aún no concluye). Lo positivo es que el país cuenta con oportunidades que podrían llevarlo hacia un desarrollo sostenible, sobre todo, con la actual calificación de grado de inversión, a pesar de que los analistas coinciden en que esto será primero una puerta para los sectores financieros y requiere de una planificación para que se vea el impacto en el ciudadano promedio.
Constantemente, se plantean las bondades de la macroeconomía, la estabilidad, la responsabilidad fiscal y el crecimiento de Paraguay, pero la desigualdad social sigue siendo un problema profundo. Según el informe, la pobreza afecta a una parte considerable de la población, especialmente en zonas rurales donde la falta de acceso a servicios básicos como educación y salud limita las oportunidades de crecimiento. Recordemos que actualmente más del 40% de las zonas rurales dependen de las Juntas de Saneamiento para acceder a agua potable ante el limitado alcance de la Essap, y esto se repite en un 20% de zonas urbanas. Si observamos la seguridad social, el último informe del INE advierte que entre un 60 y 70 por ciento de los trabajadores son informales. Tenemos la carne más barata de la región, pero el poder adquisitivo de un amplio sector de la sociedad no logra que sus mesas se vean invadidas de una alta genética premiada a nivel internacional.
La desigualdad, un problema estructural en la sociedad paraguaya, se refleja en la concentración de la riqueza y en las diferencias en el acceso a recursos y oportunidades. Esto no solo perpetua la pobreza, sino que también debilita la cohesión social y la estabilidad política. La juventud, en particular, enfrenta una situación complicada, con altas tasas de desempleo y subempleo que dificultan su integración en el mercado laboral formal. Las nuevas tecnologías plantean una posibilidad única, esto sumado al espíritu emprendedor que hoy genera 7 de cada 10 empleos, representando formas nuevas y accesibles de movilidad social, pero nada de esto se puede aprovechar si existen niños que llegan a los 5 años con grados de desnutrición cognitivamente irreversibles.
El informe destaca la importancia de implementar políticas públicas que aborden estas disparidades, no solo mediante la redistribución de la riqueza. Mejorar la calidad de la educación y asegurar un acceso equitativo a la salud son claves para romper el ciclo de pobreza y construir una sociedad más justa e inclusiva. Y surge la pregunta, ¿cómo redistribuir sin atacar la libertad de quienes generan riqueza de manera honesta?
La corrupción y la falta de transparencia debilitan las instituciones democráticas y erosionan la confianza ciudadana en el sistema político. Pero sobre todo una falta de socialización de políticas públicas u objetivos transversales que generen esperanza independiente al gobierno de turno, terminan creando el escenario para que figuras mesiánicas asomen con apoyo de un sector que no tiene nada que perder. ¿Se entiende que los discursos de patria o mafia no movilizan? ¿Se puede llegar a las masas hablando en un lenguaje que no utilice términos como gobernabilidad o debilidad democrática? El discurso complejo es aplastado por símbolos tan básicos como un cinto en la mano.
