Mediante un extenso comunicado publicado este viernes, el colegio privado de Lambaré, donde hubo un presunto caso de abuso sexual a un niño, cuestionó el accionar de la familia del afectado y de su abogado, debido a que permitieron que el caso tomara conocimiento público.
“Condenamos la publicidad que algunos familiares y su abogado han dado a un hecho tan delicado, que involucra a un menor de edad, contraviniendo los derechos fundamentales del niño, lo que podría afectar la investigación y el debido proceso”, expresaron desde la institución educativa mediante el comunicado.
Además, calificaron de “bochornoso” el proceder de los padres de familia que se manifestaron este viernes frente a la institución, reclamando la renuncia de la directora del sitio y exigiendo respuestas sobre el presunto encubrimiento en el caso.
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Los padres cuestionaron que la institución educativa no haya actuado como corresponde a pesar de que hubo antecedentes de amenazas. “Queremos que la directora dé un paso al costado, ya que tenemos información de que ella no colaboró con la investigación. Los agresores siguen asistiendo a clases y exigimos que dejen de asistir. Decidimos no mandar a los chicos hasta tener respuestas”, dijo una de las madres.
Ante dichas expresiones, el colegio intentó justificarse manifestando en su misiva: “Les reiteramos que no existe ninguna situación de riesgo para los alumnos dentro del colegio, lamentando nuevamente las bochornosas situaciones de incivismo que un grupo minoritario de padres ha protagonizado el día de hoy”.
Entretanto, las autoridades del colegio señalaron que supuestamente actuaron “conforme a los protocolos y a la ley”, supuestamente con miras a preservar la protección del niño y de todos los miembros de la comunidad educativa.
“La protección y seguridad de nuestros alumnos es primordial para la institución. El interés superior del menor está protegido por protocolos preventivos y de actuación que son constantemente revisados y actualizados”, se justificaron los directivos, añadiendo que no pueden brindar informaciones particulares “debido a la protección de datos personales e intimidad de los estudiantes”.
Además, indicaron que supuestamente desde el inicio de la denuncia se abrió una investigación, que implicó la revisión de los videos del lugar, entrevistas a los docentes y personal administrativo y que fue comunicado a las autoridades competentes.
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Sin embargo, la directora de Protección de la Niñez y la Adolescencia del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Sonia Escauriza, reveló este viernes que el colegio notificó el caso una semana después de haber tenido conocimiento del hecho y que lo hizo pasar por “acoso escolar entre pares”.
En ese sentido, mencionó que la institución educativa ya tenía información del hecho de abuso el 27 de abril, un día después del abuso, tras la denuncia de la madre, pero que recién comunicó a la supervisión del MEC una semana después, el 4 de este mes, pidiendo acompañamiento.
Por otra parte, en el comunicado del colegio prosiguieron diciendo que todavía no se identificó a ningún supuesto agresor, que no hay reportes médicos sobre lesiones del niño y que, en caso de que la denuncia resulte falsa, debe “esclarecerse hasta las últimas consecuencias para denunciar a los responsables y proteger el buen nombre del centro”.
Finalmente, en cuanto a las imágenes de las cámaras de circuito cerrado del lugar, el colegio aseguró en su comunicado que “todos los videos han sido puestos a la orden dela Fiscalía desde el primer momento, por lo que es falsa la información que se ha hecho pública”.
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Esto, pese a que desde el Ministerio Público aseguraron que desde un principio se solicitaron las imágenes al colegio, pero que la institución no otorgó las mismas. Tras ello, “ante la falta de colaboración de las autoridades escolares” la Fiscalía emitió un oficio y se realizó un allanamiento en el lugar.
La agente fiscal interviniente Myriam Rodríguez informó que conforme a las constancias que obran en el cuaderno de investigación fiscal, como así también las investigaciones llevadas a cabo, la directora, coordinadora y una docente del colegio en Lambaré van a ser procesadas por obstrucción de la persecución penal y violación del deber del cuidado. La directora se encuentra en calidad de demorada.
Los nombres del colegio y de los implicados se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a los niños en situación de vulnerabilidad.
