A pesar de que ni siquiera habían avisado a tiempo a las autoridades paraguayas de la resolución de la jueza uruguaya, Blanca Riero, que otorgó refugio a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, prófugos de la justicia, la Cancillería Nacional ordenó pagar honorarios a los dos abogados contratados por el Estado paraguayo para representarlo ante el proceso de extradición de los hoy refugiados en Finlandia.
Con recursos propios, y pese a encontrarse en crisis financiera, según dijo en más de una ocasión el canciller, Antonio Rivas Palacios, este dispuso el lunes que la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Relaciones Exteriores remita fondos adicionales a la Embajada del Paraguay ante el Uruguay para el pago de honorarios profesionales a los abogados Enrique Falco y Álvaro Garcé, por la suma de USD 7.320. Son 3.000 dólares a cada uno, más 22% de IVA.
Arrom, Martí y Colmán, vinculados al secuestro de María Edith Bordón, ocurrido en 2001, obtuvieron el estatus de refugiados en el Uruguay, el pasado 27 de setiembre. Al abandonar la cárcel donde se hallaban desde agosto, tras fugarse del Brasil donde gozaron de la condición de refugiados desde el 2003 hasta junio pasado, finalmente los prófugos de la justicia paraguaya viajaron a Finlandia con ayuda del Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).
La Cancillería Nacional utilizará fondos para gastos de operación y mantenimiento para honrar el pago a los abogados uruguayos, de su presupuesto actual.
El abogado Falco había explicado que vio tarde el mensaje del Juzgado donde se le informaba que se dispuso la libertad de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, lo que dio poco margen de actuación a las autoridades nacionales que nada pudieron hacer para que el 9 de octubre pasado, los tres connacionales embarcaran con destino final a Finlandia, vía Madrid. Menos aún, porque ni siquiera se había obtenido que la Interpol activara de nuevo el “código rojo” para la detención de los tres paraguayos.
El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, había confirmado que el abogado contratado por el Estado paraguayo en Uruguay no les había notificado sobre la situación de Arrom, Martí y Colmán en Montevideo.
ANTECEDENTES. Los tres compatriotas huyeron del Paraguay en 2002 al Brasil, donde obtuvieron el estatus de refugiados políticos, por alegar supuestas torturas por parte del Estado. Los tres están acusados de participar en el secuestro de María Edith Bordón en el año 2001.
Por ese motivo, llevaron a Paraguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde finalmente el organismo falló a favor del Estado.
Tras conocerse el fallo, Brasil les retiró la condición de refugiados. Sin embargo, antes de que pudieran ser extraditados a Paraguay estas tres personas viajaron a Uruguay, donde volvieron a solicitar ese estatus. Lo obtuvieron y se marcharon a Finlandia, apoyados por el Acnur.
A pesar de que el Estado intentó gestionar la venida de Arrom, Martí y Colmán durante la escala en Madrid, cuando se dirigían hacia el país nórdico, la ausencia de un código rojo de la Interpol sobre ellos frustró los intentos y finalmente estos pudieron llegar a su destino.
La Cancillería protestó ante Acnur, Interpol y tomó contacto con el canciller del país europeo para solicitar que se revoque el refugio. Se presentaron todas las documentaciones sobre el caso.
