Los camaristas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) César Diesel, Alberto Martínez Simón y César Garay, en disidencia con el último, rechazaron este martes la acción de inconstitucionalidad presentada por el fiscal adjunto Marco Antonio Alcaraz en el caso de Cucho Cabaña por narcotráfico, informaron desde el Poder Judicial. Ahora, la Fiscalía General del Estado tiene un plazo de 10 días para presentar la acusación en contra del presunto narcotraficante o el caso quedaría extinto.
Dicho recurso se mantuvo congelado desde diciembre de 2019 y con el mismo se mantenía trabado el caso Berilo que, además, involucra al diputado Ulises Quintana, a funcionarios de la Fiscalía y hasta a altos jefes de la Policía Nacional. Desde ese entonces, tanto la Corte como la Fiscalía se pasan la responsabilidad mutuamente y con ello se lavan las manos.
La acción de inconstitucionalidad fue consignada contra el auto interlocutorio N° 564 del 29 de noviembre de 2019, dictada por la Cámara de Apelación, a cargo de la jueza Alicia Pedrozo, que anuló la acusación fiscal porque no se adjuntaron las pruebas del proceso. Además, dispuso que sea la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, la que finalmente presente el requerimiento conclusivo en la causa.
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Con ello, la magistrada concedía que la acusación del Ministerio Público debía considerarse como no presentada, de acuerdo con el artículo 461 del Código Procesal Penal (CPP), y que la causa sea remitida a la Fiscalía General del Estado para que la misma formule acusación junto con los elementos probatorios, en concordancia con el artículo 139 del CPP.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia expuso que, teniendo en cuenta que el artículo 347 del CPP no dispone consecuencias o sanciones por no presentarse las evidencias, se aplicó el artículo 139 “como medida adecuada para solucionar el conflicto”.
El representante fiscal Marco Alcaraz había presentado la acción de inconstitucionalidad el 19 de diciembre de 2019, cuando también señaló que el Tribunal de Apelación incumplió con su obligación de fundar su decisión.
Al respecto, la CSJ alegó que “dicho órgano jurisdiccional sí ha fundado de forma debida los motivos por los cuales ha arribado a la decisión objetada por la Fiscalía”.
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En octubre de 2021, el Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, ratificó la prisión preventiva de Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, procesado en el caso del operativo Berilo, donde también está procesado el diputado Ulises Quintana, porque aún están latentes el peligro de fuga o de obstrucción de las pesquisas.
La defensa había requerido por lo menos el arresto domiciliario, y ofrecido una caución de G. 6.354.894.150, alegando que Cucho Cabaña está preso hace más de 3 años.
En ese entonces, el Ministerio Público mediante un comunicado respondió a un informe de un funcionario de la Corte Suprema de Justicia que advertía que el caso Berilo se encuentra trabado por desidia de la Fiscalía. Para el Ministerio Público, el Poder Judicial era el que impedía que el proceso siga su curso.