La investigación expone que el operativo de desalojo contó con 323 efectivos policiales, y debía negociar la salida de unos 60 campesinos, pero en medio de las conversaciones, se desató un tiroteo que derivó en la muerte de 6 policías y 11 campesinos, resultando heridas cerca de 100 personas, entre uniformados y labriegos.
Puntualmente, la investigación contradice a la Fiscalía, aludiendo que los <strong>campesinos no pudieron haber armado una emboscada</strong>, mostrando imágenes, videos y estudios técnicos que sostienen que la recepción a los policías estuvo totalmente desorganizada, incluso estaban presentes mujeres y niños, que no hubieran tenido participación en caso de haberse planeado un ataque.
Otro punto que resalta el informe es que el sonido de los disparos, las heridas de bala y otros aspectos, determinan que <strong>fueron utilizadas armas de grueso calibre, automáticas, pudiendo tratarse incluso de M16. Estas armas no fueron halladas en el campamento y tampoco fueron incautadas de los campesinos. En ese sentido, la investigación descarta que los campesinos hayan disparado.</strong>
Las armas de los campesinos fueron, según Plataforma, 4 escopetas viejas y solo una fue disparada.
“La versión extraída de las declaraciones de varios policías y campesinos que sobrevivieron fue que francotiradores apostados alrededor comenzaron a disparar indiscriminadamente, propiciándose la masacre. Ambos actores, policías y campesinos coinciden en este punto”, menciona el informe.
También fueron denunciados detenciones y maltratos a menores de edad. Además de haberse plantado evidencias para inculpar a labriegos.
Plataforma muestra imágenes en las que analizan y deducen que “fue la Policía la que rodeó a los campesinos, y no al revés”.
“Una vez llegaron el resto de efectivos con armamento largo, la Policía respondió de forma violenta y comenzó a disparar contra el campamento de manera indiscriminada. Pero lo más relevante es que, como hemos visto, ninguna de las armas automáticas disparadas contra los policías fueron encontradas en el campamento, por lo que esos nueve campesinos abatidos y el resto de heridos en aquella respuesta desproporcionada no habían sido los artífices de los disparos a policías”, concluye el informe de la organización.
“Los testigos advierten que, además de los disparos de larga distancia efectuados por la Policía contra un campamento indefenso que no devolvía el fuego (ya que no cayó ningún Policía más durante el asalto al haber desaparecido los fusiles automáticos), los Policías accedieron ejecutando indiscriminadamente a todos los campesinos que fueron encontrando”, menciona el informe y agrega que muchos campesinos murieron por “ajusticiamiento a corta distancia”, tratándose de “ajusticiamientos extrajudiciales”.
Igualmente, como evidencia, la organización argumenta que es imposible que los campesinos hayan respondido con disparos, puesto que, incluso, uno de los policías muertos tenía un chaleco antibala con 4 perforaciones con armas de gran poder, que no pudieron haber sido usadas por labriegos.
<h2>Supuestas irregularidades en la investigación fiscal.</h2>
El informe fue presentado en la tarde de este martes en el salón de conferencias del Hotel Armele (Palma y Colón), a las 17:00. La plataforma está encabezada por el político Domingo Laíno.
El objetivo es esclarecer los hechos del pasado 15 de junio en la finca Campos Morombí de Curuguaty, que desencadenó el juicio político al entonces presidente Fernando Lugo, destituido por el Congreso el 22 de junio.
El letrado indicó que el eje central de la presentación no es confrontar con los estudios de la Fiscalía, por el contrario, colaborar en la investigación, ya que, según Jiménez mucha información sumamente relevante fue omitida.
Además, indicó que no se trató de una investigación “unidireccional” que apunta a defender a los campesinos, sino que persigue encontrar la verdad y explicar con claridad lo sucedido en la aciaga jornada del viernes 15 de junio pasado que desató una crisis política en el país.
Asimismo, el jurista español indicó que mediante esto buscarán garantizar el debido proceso y las garantías de los campesinos que se encuentran a disposición de la justicia.
<strong>"No van a escuchar ninguna conclusión, solo daremos pistas. De las armas incautadas solo una fue disparada y esa arma estaba rota. Pudo haber ejecuciones ese día, la usucapión de estas tierras, hay muchas irregularidades. Nos vamos a enfocar en las torturas denunciadas, tampoco las detenciones arbitrarias se han investigado. Hay una posible ocultación de cadáveres, esto vamos a poner en conocimiento de la fiscalía. Vamos a denunciar que aparecieron 40 hectáreas de marihuana en los campos de Blas N. Riquelme.”,</strong> señaló el abogado.
En la mañana del pasado viernes 15 de junio, un contingente de la Policía Nacional, efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) y la Fiscalía de la zona, emprendieron un operativo de supuesto desalojo en la finca perteneciente a la firma Campos Morombí S.A., en Curuguaty, Departamento de Canindeyú.
La propiedad se encontraba en poder del terrateniente, recientemente fallecido, exsenador y presidente del Partido Colorado, Blas N. Riquelme.
Esta finca cuenta con una larga historia de desalojos, puesto que campesinos sostuvieron siempre que las tierras son mal habidas, y en realidad pertenecen al Estado. Además de ser una propiedad destinada a la reforma Agraria.
