La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), admite la petición presentada por víctimas sobrevivientes a la masacre de Curuguaty sobre violaciones a los derechos humanos y abre un proceso contra el Estado paraguayo.
El 15 de junio de 2012 el Estado paraguayo realizó un desalojo irregular en las tierras conocidas como Marina Cué, Curuguaty, que terminó en la muerte de 11 campesinos y 6 policías. En el momento del operativo existían dos procesos judiciales abiertos y sin resolver entre Blas N. Riquelme, empresario y político que se atribuía las tierras, e instituciones del Estado que intentaban demostrar que las tierras eran de su propiedad.
Al hecho calificado como una masacre le siguió la destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, vía juicio político, y un proceso judicial que, según organizaciones de la sociedad civil, vulneró todo tipo de derechos y garantías de los campesinos y campesinas acusados. Once personas fueron condenadas a penas de entre 4 a 30 años de prisión por el Tribunal del caso Curuguaty, que solo resolvió sobre la muerte de los policías. La Fiscalía no investigó las de los campesinos. Patrocinados por un abogado, las víctimas decidieron llevar el caso ante la CIDH. Este organismo del sistema de DDHH de la OEA notifica a las partes en una nota fechada el pasado 6 diciembre en la que fija un plazo de cuatro meses, prorrogable a seis, para que presenten sus observaciones adicionales sobre el fondo de la cuestión.
También se pone a disposición de las partes a fin de llegar a una solución amistosa del asunto. Un mecanismo sobre el que tanto el Estado como los peticionantes deberán responder con la mayor brevedad posible.
El procedimiento de solución amistosa es completamente voluntario. Si una de las dos partes lo rechaza, la CIDH sigue los trámites para desarrollar su informe de fondo en el que concluye si el Estado incurrió en las violaciones denunciadas y establece recomendaciones. Abre un nuevo periodo para que cumplan las recomendaciones. Si no, el Estado se expone a que la Comisión presente una demanda en su contra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
En 2019, el entonces ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, había anunciado que el Gobierno de Mario Abdo estaba preparando una propuesta que incluirá medidas de reparación a favor de personas y familias afectadas por la masacre de Curuguaty.
