De acuerdo a la investigación, el empresario había realizado tomas fotográficas y videos sexuales sin el consentimiento de la víctima. Para el Ministerio Público, Montanaro vendió los materiales en diferentes plataformas.
“En primer lugar, niego categóricamente todas las denuncias. Yo no hice nada sin el consentimiento de las personas. Hay solamente una denunciante”, expresó a Radio Chaco Boreal 1330 AM.
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Asimismo, sostuvo que la prueba de su inocencia, que es su celular, está en la Fiscalía y que él les dio, colaborando con el proceso. “En un allanamiento aparatoso como si fuera un narcotraficante (me agarraron)”, dijo.
“Se violaron derechos constitucionales y hay una posible injerencia de esta alta funcionaria de la Fiscalía, que está relacionada con la denunciante, que es la inspectora general de la Fiscalía, la señora Sandra Mayeregger. Ella es la madrastra de la que era mi pareja”, apuntó.
En ese sentido, sostuvo que su ex pareja siempre presumía del poder de su madrastra y aunque no hace ninguna acusación, une con flechas las cosas, ya que le decían sus abogados que en menos de dos horas obtuvieran su ubicación sin ninguna orden judicial.
“El juez interino Raúl Florentín autorizó el allanamiento (de mi departamento), violando muchos derechos constitucionales. La ley dice que uno no puede declarar en su contra, y por lo tanto, si me incautan el teléfono, no me pueden pedir el código. (Eso) lo tengo que hacer delante de un juez, (cuestión que) yo no sabía eso en el momento. Eso permitió que ellos manoseen mi teléfono e incluso, después, cuando estaba ya lacrado”, expresó.
De igual manera, manifestó que contrató a un perito informático y encontró aberraciones técnicas que se hicieron, donde se ven las imágenes y videos que “ellos mismos facilitaron a la prensa”, así como las mismas declaraciones de la fiscal, “donde ella admite haber tenido acceso a mi teléfono, cosa que no podía hacer”.
Para el empresario, la Fiscalía debería ser la más interesada en tener acceso a su teléfono, porque supuestamente él viralizó los videos desde su teléfono.
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“Lo que más me preocupa es que la evidencia que reafirma mi inocencia está en poder de ellos. Entonces, lo que me preocupa es que esa evidencia se pierda, se robe, porque eso pasa y a mí ya me advirtieron”, alertó.
Entre tanto, señaló que ya tuvo amenazas de muerte y realizó la denuncia, mientras la fiscal Ruth Benítez indicó lo mismo, pero nunca dejó constancia de ninguna denuncia.
“Después de todo el circo montado, se habló de comercialización de contenido. Ese contenido era mío, no de otra persona. Los que tuvieron acceso a ese material van a poder ver que es un perfil mío. En esa plataforma no hay contenido de terceras personas, porque esa plataforma no permite”, aseguró.
Sobre el club calificado como swinger o de intercambio de parejas que proponía, nunca funcionó y que la idea tampoco tenía nada de ilegal.
“Entiendo que puede ser cuestionado desde el punto de vista moral en una sociedad muy tradicionalista y de doble moral y hasta de hipocresía como es nuestra sociedad, pero yo he visto eso en otras capitales, en otras metrópolis del mundo, porque yo tuve la suerte de viajar”, lamentó.
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A su vez, aseguró que no hay nada ilegal y que la fiscala habló de menores de edad, habló de acoso, hablo de prostitución y cosas muy feas. “A mí me dejaron como un monstruo y yo no podía hablar porque estaba privado mi libertad”.
Para el empresario, estar 16 días preso fue algo muy traumático que no solamente le afectó a él, sino también a su familia y a nivel empresarial, pero por sobre todo a nivel familiar. “A mis hijas principalmente en el colegio, porque expusieron mi vida privada y se violó el derecho constitucional de la intimidad”.
“Vamos a suponer de que yo soy culpable de lo que me acusan, las medidas cautelares que se me impusieron no tienen relación con las expectativas del delito que me acusaron, o sea, la expectativa máxima es de dos años o multa dice el Código Penal”, aseveró.
Montanaro alegó que se trata de un delito cuya pena máxima es excarcelabre y que no debería haber pisado nunca la cárcel. La fiscal y la jueza penal de garantías ordenaron mi prisión, alegando de que yo no tengo arraigo, que me puedo fugar e influir en la investigación”.
Entre otras cosas, acusó a la fiscala de no recibir los escritos de sus abogados ni con escribanos públicos y dijo que conocía de la reputación del Ministerio Público, pero de igual manera le sorprende el actuar.
“Sí me sorprende la facilidad con la que uno puede entrar a la casa de uno, además de todo el daño que me hicieron, y de cosas que me sustrajeron, de meterme preso sin tener pruebas claras de que yo cometí el delito. “Eso es terrorismo de Estado, es prevaricato”, remarcó.
También dijo que la Fiscalía no tenía los videos y los obtuvo después de que se viralizaron, ya que no estaban en su teléfono.
En cuanto a las grabaciones, dijo que muchos de ellos se hicieron desde el teléfono y la casa de la denunciante, incluso, siendo ella la que editó para que no reconozcan la casa.
“El video se viralizó, ella me comentó, la denunciante, nosotros seguíamos siendo pareja, se viralizó entre el 9 y el 10 de julio, nosotros seguíamos siendo novios, de hecho el 12 de julio, yo le llevé al sanatorio”, confesó.
Sobre el punto, cree que después de eso el video habrá llegado a familiares de su ex pareja, lo que derivó en que ella alegue que fue sin su consentimiento y que incluso notó un cambio en su manera de ser con él, incluso recortando los chats para dejar la parte que le conviene.
“La Fiscalía ni siquiera hace una copia espejo de su teléfono o no baja el chat completo donde se puede ver qué se eliminó”, criticó.
“Yo me imagino nada más verdad para darle una explicación a lo que ocurrió es que algún familiar de ella sea su papá o su hermano o algún tío tuvo acceso al video y ella como para justificarse moralmente inventa una historia, ¿verdad? porque en la ampliación de su denuncia ella dice que por miedo borró todo el chat”, finalizó.
