Un reporte del Ministerio de Justicia del año 2021, sobre la población penitenciaria en todo el país, revelaba que Paraguay es el país con más presos sin una sentencia en el continente. “La población de prevenidos representa más del 70% de toda la población penitenciaria. Esto coloca a Paraguay en el primer lugar de los países de América del Sur con mayor número de prevenidos en su población penitenciaria”, señalaba el informe.
De las 18 penitenciarías, 11 tienen tasas de ocupación superiores a 120%, lo que implica una sobrepoblación crítica, y respecto a las personas privadas de libertad con mayor vulnerabilidad, se encuentran los extranjeros, que son el 40%, adultos mayores con el 29%, además de indígenas, personas con discapacidad física o sicosocial, madres con hijos y personas del colectivo LGTBIQ+.
Sin embargo, esta realidad de injusticia y hacinamiento en deplorables condiciones nunca ha afectado a político paraguayo alguno que se haya visto envuelto en alguna causa judicial, ya que por lo general con ellos la Justicia es muy benevolente. En cuanto a eso, el caso del senador colorado cartista Erico Galeano es ejemplar.
Según la imputación del Ministerio Público, el legislador había recibido USD 1 millón para la compra de un inmueble, se presume que ese dinero provendría de actividades ilícitas vinculadas al tráfico internacional de cocaína. El año pasado el diputado había sido vinculado con el caso A Ultranza, por posibles conexiones con lavado de dinero.
A esta suposición se había llegado tras un allanamiento realizado en la ciudad de Altos, donde se halló una boleta de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a nombre de Erico Galeano. Al verificarla, se comprobó que la propiedad le había pertenecido, pero este no la incluyó en su declaración jurada de bienes cuando asumió como legislador. Las investigaciones concluyeron que la propiedad sirvió para una simulación de compraventa, sin dejar constancia de que el verdadero propietario sería Miguel Insfrán, alias Tío Rico, quien es considerado el líder de una banda de tráfico internacional de cocaína.
La propiedad la había adquirido el entonces diputado colorado por USD 200.000 y meses después la vendió por USD 1.000.000. La Fiscalía sospecha que el dinero utilizado para la operación provenía del crimen organizado. El Ministerio Público sostiene que el diputado cartista habría “estado al servicio de la organización criminal internacional” dedicada al tráfico de cocaína desde el Paraguay hacia Europa, y a cambio de su cooperación recibía dinero proveniente del tráfico de drogas.
El diputado Erico Galeano fue electo senador en las elecciones del 30 de abril y, actualmente, está imputado por presunto lavado de dinero y asociación criminal.
Después de una serie de chicanas judiciales, el senador fue beneficiado con arresto domiciliario para que pueda sesionar en el Congreso Nacional, aunque en la última sesión ordinaria estuvo ausente, por “motivos particulares”.
Erico Galeano debería estar guardando reclusión, pues debe responder a la investigación por las serias acusaciones que se han hecho en su contra. También es absolutamente inaceptable que le hayan otorgado un privilegio que le es negado a miles de paraguayos que soportan incluso acusaciones menos graves. Y, por sobre todo, es un gravísimo antecedente que deja sentado la Justicia, de permitir a una persona imputada seguir ejerciendo su autoridad en uno de los poderes del Estado desde donde claramente podría obstruir su propia investigación. La Justicia, en este caso, ha dejado al país como una caricatura.
