Un Tribunal de Sentencia condenó a los autores y a los partícipes del crimen de Fernando Báez Sosa, joven hijo de paraguayos quien fue asesinado a golpes fuera de una discoteca en Villa Gesell, provincia de Buenos Aires. Por unanimidad fueron condenados a prisión perpetua Máximo Thomsen (23); Ciro Pertossi (22), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23) y Luciano Pertossi (21); con ellos fueron condenados como partícipes secundarios del homicidio a una pena de 15 años de prisión: Ayrton Viollaz (23), Blas Cinalli (21) y Lucas Pertossi (23).
Fernando Báez Sosa tenía 18 años cuando fue asesinado a golpes por un grupo de rugbistas en la madrugada del 18 de enero de 2020, en la ciudad veraniega de Villa Gesell. Sus padres, Silvino Báez y Graciela Sosa, de nacionalidad paraguaya, no se cansaron de clamar justicia y a ellos se unieron miles que los acompañaron con movilizaciones tanto en la Argentina como en nuestro país, exigiendo una condena ejemplar.
No cabe dudas de que una sentencia ejemplar como la que recibieron los asesinos del joven aporta cierto alivio al dolor de la familia, por la sensación de que se ha hecho justicia. O, como señaló la madre: “Sentí una emoción al escuchar, que me dio un poco de paz en mi corazón”, señaló Graciela Sosa, quien también había subrayado que la ausencia de su hijo también es perpetua.
A la distancia hemos vivido paso a paso este caso, durante los años en que los padres pedían justicia. Tras la sentencia es justo expresar que este caso y su conclusión han sido una lección de la manera en que funciona un sistema de justicia que no hace diferencias. Este es el camino que deberíamos recorrer en el Paraguay para que mejore nuestra Justicia.
Relacionado con ese anhelo, es oportuno recordar un informe de la organización Proyecto de Justicia Mundial (World Justice Project o WJP, por sus siglas en inglés), que elaboró un Índice de Estado de Derecho del 2021, que mide el desempeño de 139 países con respecto al estado de derecho. Una de las principales conclusiones sobre el sistema penal es que no es oportuno ni efectivo en Paraguay, pues los autores de los delitos no son efectivamente enjuiciados y castigados; menciona además que jueces y funcionarios del área penal son escasamente competentes, y quienes están a cargo de los procesos judiciales son lentos.
Claramente señala: “La efectividad y el proceso en el debido tiempo del sistema penal” es uno de los peores del mundo. Y ratifica que nuestro país está aplazado en el “sistema correccional”, el cual no sirve para disminuir o atenuar las conductas criminales, ya que las instituciones penitenciarias son inseguras, no respetan los derechos de los reclusos e incluso son ineficaces para prevenir la reincidencia. Finalmente afirma que el sistema penal de Paraguay está marcado por un alto grado de corrupción, puesto que se percibe que tanto policías, fiscales como jueces están influenciados por sobornos y por una presión indebida de organizaciones criminales.
Acompañamos a los padres del joven Fernando en el dolor de su pérdida, y esperamos que la justicia que recibieron les proporcione un poco de alivio, pero al mismo tiempo debemos seguir bregando por que en nuestro país la violencia deje de estar normalizada por la sociedad y por las instituciones. En ese sentido, es mucho lo que nos queda por hacer para revertir esta situación, y comprometernos todos en la construcción de una sociedad más humana, más empática y más tolerante.
La madre de Fernando había dicho que a su hijo “le tendieron una emboscada perfecta, hasta el último minuto de su vida lo discriminaron, le dijeron ‘negro de mierda’”, y ante esa cruda descripción solo queda repetir: Nunca más.
