06 may. 2025

Caso Imedic: JEM rechaza denuncia contra juez

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados rechazó este martes la denuncia contra el juez José Delmás por mal desempeño de sus funciones. Según el órgano extrapoder, no se reúnen las causales para iniciar un enjuiciamiento al magistrado removido del caso Imedic.

Adrian Salas.png

El abogado Adrián Salas dirigió la sesión virtual del JEM ante la ausencia de Enrique Bacchetta.

Foto: Gentileza

Por unanimidad, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados rechazó la acusación contra el juez Penal de Garantías José Agustín Delmas y archivaron la causa. La denuncia fue presentada por Justo Rubén Ferreira, procesado por el caso del supuesto contrabando de los insumos chinos de la empresa Insumos Médicos SA (Imedic).

La ministra de la Corte Suprema de Justicia Gladys Bareiro de Módica, en su calidad de miembro del JEM, argumentó por el rechazo explicando que no se reunieron las causales contempladas en el artículo 14 de la normativa del órgano, en el que contemplan los hechos de mal desempeño.

Según Bareiro, el juez denunciado no tomó ninguna decisión de relevancia dentro del marco de la causa penal antes de ser recusado, por lo que el órgano sostuvo que es imposible hablar de un posible perjuicio a Ferreira.

Nota relacionada: En nuevo caso Imedic, denuncian ante el JEM al juez José Delmás

icono whatsappRecibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsApp

La denuncia ante el JEM fue presentada a finales de julio de este año, en el que se acusaba al juez Delmás de mal desempeño en sus funciones e ignorancia supina del derecho y que el magistrado no observó el deber de excusación, ya que tenía causales de inhibición con el abogado defensor Andrés Casati.

De acuerdo con el expediente analizado por el JEM, el 23 de julio el abogado Andrés Casati presentó un escrito solicitando tomar intervención en la causa en representación del señor Justo Rubén Ferreira.

Como consecuencia de esto, el juez José Delmás dictó un proveído ese día a fin de comunicar a las partes que las causales de excusación que poseía respecto al abogado Casati habían desaparecido.

También puede leer: Defensa de empresario de Imedic denuncia a juez por mal desempeño

La razón de inhibición se fundaba en enemistad, odio y resentimiento, siendo una razón subjetiva. Sin embargo, habiendo transcurrido muchos años de los hechos que la originaron el magistrado alegó que habían desaparecido.

No obstante, el 27 de julio Casati dedujo un incidente de recusación del juez que posteriormente fue admitido por el Tribunal de Apelaciones que lo separó del caso; además de presentar la denuncia ante el JEM.

Más contenido de esta sección
El presidente argentino Javier Milei emitió un decreto que establece un acuerdo que busca “optimizar el suministro energético entre Paraguay y Argentina para establecer pautas operativas y de comercialización de la energía generada por la Central Hidroeléctrica Yacyretá”, según el boletín oficial del vecino país.
Tras un control realizado en Puerto Falcón, funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) incautaron 105 cheques por valor aproximado de G. 600 millones traídos desde Argentina. La propietaria intentó evitar el procedimiento argumentando que su hija es legisladora, según los intervinientes.
La Policía logró la detención de tres supuestos miembros del Clan Rotela en un procedimiento desplegado en la zona conocida como Pantanal, de la ciudad de Lambaré, Departamento Central.
El ingeniero Ángel Recalde se refirió a su sorpresiva destitución como consejero de la Entidad Binacional Yacyretá y afirmó que no se dio por falta de gestión ni de resultados, sino por otro motivo que desconoce. Reveló que el vicepresidente Pedro Alliana le comunicó la decisión por teléfono.
Dos niños y un bebé de tres meses fueron rescatados en condiciones de extremo abandono del interior de una vivienda en Itauguá. La tía de los pequeños manifestó que los padres ya fueron denunciados.
La Gobernación del Departamento Central presentó al Congreso un anteproyecto de ley que busca reorganizar el sistema de transporte público, apuntando a una mejor distribución de atribuciones entre los distintos niveles de gobierno.