El agente fiscal Julio Ortiz, quien lidera la investigación del crimen del ex fiscal y ex viceministro de Seguridad Interna Javier Ibarra, señaló que, tras el resultado de la pericia del arma homicida, se fortalece la hipótesis de que el secretario del fallecido, Óscar Ariel Caballero Sahlmann, fue el autor del hecho y que presumiblemente lo hizo porque su jefe le debía meses de sueldo.
“Con este elemento (el resultado del peritaje) positivo y científico, se corrobora que el arma que pertenecía a Javier Ibarra fue el arma asesina y que fue llevada por Óscar Caballero. Tenemos al homicida y al arma homicida y tenemos la certeza de que él (Caballero) fue el autor del homicidio doloso”, afirmó.
Si bien dijo que aún se debe determinar fehacientemente el trasfondo del crimen, también cuentan con otros elementos que refuerzan la conjetura, como la declaración de la hermana de Javier Ibarra.
La mujer, apodada Nini, aseguró que antes del asesinato conversó con el sospechoso y que este le había mencionado que el ex viceministro le debía dos meses o más de salario, monto que rondaba los G. 4 millones.
Seguidamente, dijo que ella se ofreció a pagarle el dinero, pero que supuestamente el presunto homicida se negó a recibir de su parte, ya que le dijo que Ibarra era quien le iba a abonar.
Además, declaró que Caballero Sahlmann era una persona muy cercana al fallecido, así como tenía contacto con la ex esposa e hijos de Ibarra, otros familiares y los miembros del estudio jurídico donde trabajaba el ex fiscal.
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“Con eso se demuestra la posible hipótesis de que él quería cobrar y a consecuencia de ello fue hasta el domicilio. Porque conforme al circuito cerrado de cerca de la casa, una hora antes (de la muerte) se fue y ocurrió una discusión. Eso motivó a que Caballero agarre el arma de Ibarra y dispare dos veces contra él”, prosiguió el fiscal.
Ortiz recordó que el informe de la pericia realizada al arma que fue entregada por Leonardo Ruiz Ortiz, uno de los testigos, señala que la vainilla servida y percutida que se encontró en la escena del crimen fue disparada desde dicho armamento.
Se trata de la pistola de la marca Glock calibre .22, que pertenecía a Ibarra y que fue entregada a los investigadores por Ruiz. El día del asesinato, este último fue quien transportó en una moto al presunto homicida hasta el domicilio del ahora fallecido.
Julio Ortiz manifestó, en tanto, que para cerrar el caso, aún deben esperar a recibir un informe de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), con el que se confirme que el arma era de Ibarra, a fin de reforzar la hipótesis.
Con relación a la empleada doméstica Aída María Villalba, quien halló el cuerpo del fiscal y fue imputada en el caso, el fiscal reiteró que, si bien se cuenta con elementos científicos de que dio positivo a plomo y antimonio, si el caso se cierra ahora, debe ser sobreseída definitivamente, por lo que aún prefiere esperar.
El hallazgo del cuerpo
El 25 de noviembre pasado, el ex fiscal de la Unidad Especializada Antidrogas del Ministerio Público Javier Ibarra fue encontrado muerto dentro de su vivienda, ubicada en la zona de Villa Universitaria, de la ciudad de San Lorenzo, en el Departamento Central.
La primera hipótesis del asesinato que surgió fue que el arma pudo haber sido llevada por la empleada del ex fiscal antidrogas, por lo que fue imputada por hurto especialmente grave e incluso arrojó un resultado positivo en la prueba de antimonio.
En tanto, tras el análisis de cámaras de circuito cerrado de la zona, la Policía Nacional logró identificar a dos hombres que fueron hasta la casa de Ibarra el día del crimen. Uno de ellos era Óscar Ariel Caballero Sahlmann, quien se desempeñaba como asistente personal o secretario del fallecido, y el otro era Leonardo Ruiz Ortiz.
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Ambos fueron detenidos y se halló el arma de fuego en poder de Ruiz Ortiz. Tras esto, la Fiscalía caratuló el caso como un robo con resultado de muerte y hurto especialmente grave. En tanto, atendiendo a que no se sustrajo dinero, se presumía que hubo una quema de papeles.
Finalmente, Caballero Sahlmann fue sindicado como responsable de haber asesinado al ex representante del Ministerio Público, mientras que el otro detenido quedó como testigo en el caso.
La expectativa de pena para el sospechoso es de 30 años e incluso se pueden aplicar 10 años más como medida de seguridad, teniendo en cuenta las características del hecho y la calidad de la persona fallecida, aseguró en su momento el fiscal.