El Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, a cargo del magistrado de turno Humberto Otazú, decretó como medida preventiva la inhibición general de enajenar y gravar bienes solicitada por la fiscala María Estefanía González, de muebles e inmuebles pertenecientes a los imputados Ramón Jiménez Gaona, Marta Regina Benítez Morínigo y Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger, informó Raúl Ramírez, periodista de Última Hora.
El magistrado admitió este martes la imputación contra las tres personas mencionadas por lesión de confianza en el marco del fallido Metrobús. El Juzgado determinó que Jiménez Gaona comparezca el próximo jueves 20 de abril, a las 9:00, para su audiencia de imposición de medidas, mientras que Benítez Morínigo deberá asistir a las 9:15 y Alcaraz Reisinger, a las 9:30.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppLa imputación fue presentada este último lunes por la representante del Ministerio Público María Estefanía González, quien solicitó al Juzgado Penal de Garantías que Jiménez Gaona y las otras dos personas cuenten con medidas alternativas a la prisión.
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En ese sentido, en el documento se cita una fianza real o personal suficiente, la prohibición de salir del país sin previa autorización del Juzgado, la obligación de fijar un domicilio determinado y la prohibición de cambiarlo sin comunicar al Juzgado, y la obligación de presentarse mensualmente.
Asimismo, se señala que teniendo en cuenta que se trata de un hecho que tiene como bien jurídico el patrimonio del Estado, también se plantea un eventual comiso especial y se requiere la aplicación de la medida cautelar de inhibición general de enajenar y gravar bienes para todos los imputados.
Más detalles
En la descripción de los hechos en los cuales se incurrió en el caso Metrobús, la fiscala señaló que se incumplió con los objetivos del proyecto, no se cumplió con las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de las obras, por lo que no se pudo culminar.
Hasta el 2018, cuando se dio el cese de los trabajos por parte de la empresa contratista, ni siquiera se contaba con autorización de las municipalidades de San Lorenzo y Asunción; se iniciaron las obras sin contar con el diseño de ingeniería; no se tenía un documento en el cual se evidencien las correcciones de las observaciones.
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Además, no se contaba con un estudio hidrológico aprobado con la validación del fiscalizador; mientras que por cuatro años y dos meses de trabajos, el MOPC carecía de un apoyo técnico; hubo un ajuste de más de G. 5.000 millones que no estaban contemplados inicialmente en la planificación del Metrobús, entre otras irregularidades.
