La denuncia contra el fallido Metrobús se había hecho en mayo del 2018. De eso ya pasaron 4 años y 8 meses. Según el denunciante, el ingeniero Hermann Pankow, sostuvo que la causa “increíblemente sigue en etapa de ‘denuncia’” y que no hay intención de avanzar.
“Este ya no es un caso de corrupción, acá también están encubriendo un acto de corrupción. La causa puso a prueba lo frágil que son los poderes del Estado”, dijo Pankow.
Actualmente, la causa está a cargo de la fiscala María Estefanía González, luego de pasar por otros fiscales, porque hubo varias recusaciones.
Solo uno de los fiscales interinos, el agente Alcides Corvalán, convocó al denunciante y al ex titular del Ministerio de Obras (MOPC) Ramón Jiménez Gaona, por las masivas irregularidades en el proyecto del Metrobús.
Hasta ahora se pidieron informes y otras diligencias, según confirmaron desde el Ministerio Público, pero en casi cinco años de investigación, todavía no hay un solo procesado, pese a que fueron muchos los denunciados.
“Deberían desestimar o imputar, pero no tener así sin resolver”, consideró el denunciante.
COMPETENCIA DEL JUEZ. Pankow expresó que actualmente se desconoce quién es el juez penal de la causa y que el Ministerio Público debe ser controlado en su investigación. Además, resaltó que en el Código Procesal Penal dice que: la Fiscalía –en horas– debe notificar al juez si llega una denuncia.
“El Ministerio Público, al recibir una denuncia o recibir, por cualquier medio, información fehaciente sobre la comisión de un hecho punible, organizará la investigación conforme a las reglas de este código. En todos los casos informará al juez del inicio de las investigaciones dentro de las seis horas”, dice el artículo 290 del Código.
Expresó que al juez no solo acá no le hicieron parte, sino que tampoco en las recusaciones, ya que hay una sentencia de la Corte de marzo del 2019, donde declaran inaplicable un párrafo del Código Procesal, que decía que el rechazo de la recusación a un fiscal “podrá ser impugnado ante el juez Penal de Garantías que entiende en la causa”.
El denunciante detalló que en esa ley decía que un juez tiene que controlar, y aquí se haría un control mutuo.
“La Fiscalía tiene el monopolio de la acción penal y en los casos de recusación de fiscales. Ese poder absoluto es lo que corrompe a esa institución”, mencionó.
IRREGULARIDADES. La empresa Mota Engil había percibido un total de USD 30,2 millones, lo que significa que cobró casi el 60% del monto del contrato original de USD 54 millones, pese a que no se llegó ni a la mitad del proyecto.
Pese a magnitud de la denuncia, permanece en unidad ordinaria
El caso no fue derivado a la Unidad de Delitos Económicos, pese a que se trató de una denuncia compleja. Hasta ahora permanece en una unidad ordinaria.
Incluso, se inició un proceso de arbitraje entre el Estado paraguayo y la empresa Mota Engil, por el abandono de las obras, ya que se habla de una pérdida multimillonaria.
En noviembre del 2020 se había conseguido recuperar parte del anticipo pagado, pero no la totalidad.
La denuncia se extendió a varias autoridades, como la ex viceministra de Finanzas del MOPC, Marta Benítez; el ex viceministro de Obras, Juan Manuel Cano, y el ex representante del BID, Eduardo Almeida.