El ex senador Víctor Bogado promovió este miércoles una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra el acuerdo y sentencia 99 del 9 de marzo pasado, dictada por la Sala Penal, en la cual se declaró inadmisible el recurso de revisión para anular su condena por el caso conocido como el de la niñera de oro.
El ex legislador menciona en su acción que fue condenado como cómplice del hecho punible de cobro indebido de honorarios y le impusieron como medida para la suspensión de la ejecución penal abonar a 10 entidades de beneficencia un total de G. 480 millones, equivalentes al 1.000% más de lo establecido a Gabriela Quintana Venialgo, quien fue condenada como autora de ese hecho.
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“Me consta desde el mismo juicio oral al que fui sometido de la arbitrariedad y la ilegalidad de la sentencia condenatoria, no solo queda evidenciada por su absoluta falta de fundamentación debida, sino que además era el inevitable resultado de un juicio oral y público, donde los integrantes del Tribunal de Sentencia fueron avasallados, coaccionados y extorsionados por miembros de esa misma Corte Suprema de Justicia que dejaron su sagrada función de ser custodios de la Constitución para convertirse en los villanos que la pisotearon y masacraron por completo”, expresa parte del documento.
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Manifiesta que el fallo condenatorio “fue vergonzoso y tal nivel de arbitrariedad” que el juez que fungía de presidente del Tribunal de Sentencia, Elio Rubén Ovelar, le remitió un mensaje de WhatsApp pidiéndole disculpas por el fallo emitido, alegando que fue presionado por la Corte Suprema de Justicia y que la subsistencia de su familia dependía de su salario como magistrado judicial.
En el caso conocido como la niñera de oro, Víctor Bogado y Gabriela Quintana fueron hallados culpables por el delito de cobro indebido de honorarios, pero habían sido absueltos por el cargo de estafa.
Un tribunal de Sentencia condenó en el 2019 a Bogado y Quintana, quien percibía dos salarios del Estado, uno de la Cámara de Diputados, cuyo presidente, el entonces diputado Víctor Bogado, era su jefe, y otro de la Itaipú Binacional.
Ambos fueron condenados a dos años de cárcel, pero con la suspensión de la ejecución de la condena que se le impuso.
Bogado perdió su investidura como senador a consecuencia de este caso.
