El abogado Federico Campos López Moreira salió al paso de las declaraciones de la fiscala Patricia Sánchez, quien expresó a Monumental 1080 AM que la causa prácticamente prescribió y no hay mucho que se pueda hacer. La agente reconoció que la causa estuvo cajoneada y no se investigó a tiempo.
En contacto con Última Hora, el abogado Federico Campos López Moreira señaló que metió la causa hace dos años y que se debe revisar la pena máxima con agravante, ya que no es lo mismo que un ciudadano común cometa un crimen o delito, que una persona que es funcionario del pueblo y cobra dinero del pueblo.
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En ese sentido, indicó que uno de los agravantes de este tipo penal, de producción de documento no auténtico, es el fin determinado de ocupar un cargo que no le corresponde, “porque no tiene la capacidad técnica, científica, académica ni legal” y lo realiza una persona en quien confía el Estado.
Lo que más se cuestiona en la causa es que Rivas haya asumido como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que se encarga de enjuiciar a jueces y fiscales.
“No es lo mismo que un policía te pegue, que te pegue un ciudadano común, porque al policía se le paga para que te proteja”, comparó.
“Yo como penalista creo que la causa no perimió, si así fuera, hay que meterle preso o presa a quien cajoneó la causa”, remarcó.
Asimismo, recordó que las diputadas de Cruzada Nacional, Leidy Galeano y Alexandra Zena, denunciaron a la fiscala que recibió en sus propias manos su denuncia, la fiscala adjunta Soledad Machuca, directora de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, que se creó para investigar los tipos penales graves, donde los funcionarios públicos violan leyes o realizan actos en contra de la sociedad.
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“Acá ya no es solo el diputado Rivas que mintió para ocupar el cargo de nada más y nada menos que juez de juez”, aseguró, apuntando al cajoneo de la causa por el Ministerio Público.
Importancia del JEM
En cuanto al JEM, sostuvo que es un órgano extrapoder de rango constitucional que está emparejado con la Corte Suprema de Justicia y tiene el mismo rango de importancia, porque juzga a jueces y fiscales.
“¿Y cómo el juez de un juez no va a tener título de abogado? Es irrisorio, contradictorio, violatorio a la Constitución, los tratados y la lógica, se burlan ya no del Derecho, sino de la lógica de los ciudadanos”, cuestionó.
De igual manera, adelantó que lo expresado por la fiscala Patricia Sánchez será estudiado por la Asociación de Abogados y Auxiliares de la Justicia Penal y si hace falta se va a denunciar ante el JEM a la fiscala que no hizo su trabajo, como ya se hizo con la fiscala adjunta, por presuntos hechos de prevaricato grave, tráfico de influencias y también podría ser cohecho pasivo.
“Esto no va a quedar impune para nosotros los ciudadanos y abogados nucleados en la asociación. No vamos a parar hasta que Hernán Rivas sea sancionado penalmente y por esa sanción tendrá que dejar su curul o su cargo de senador de la nación”, afirmó.
Autenticidad del título
En cuanto a la suposición que tiene la fiscala respecto a la autenticidad del título de Rivas, dijo que es una interpretación errada.
“Un documento reviste la producción de documento no auténtico cuando lo que dice en ese documento no hace relación o verdad a lo que dice el documento. Me importan tres rábanos a mí si el documento está firmado por un órgano o autoridad, si lo que dice ahí es mentira, aunque la firma sea de Rivas, de Rodríguez Kénnedy y de Euclides Acevedo, no quiere decir que lo que diga Rivas es verdad”, expresó.
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A su vez, especificó que la producción de documento no auténtico no hace referencia a quien firma o si el documento realmente está redactado y verificado por el Ministerio de Educación. “El tipo penal hace referencia a si es verdad o no lo que se expresa”.
El abogado puso como ejemplo que un pagaré puede tener la firma de una persona, pero si la fecha en la que se llenó el documento no es la misma, no reviste autenticidad por el contenido mismo y no se refiera a si la firma es o no de la persona.
“Entonces universidades de cartón o falsas van a lograr certificar que Juan Pérez es médico o fulano es abogado haciéndose amigo de los que sellan y firman”, ironizó.
Idoneidad de Rivas
Para el efecto, sostuvo que hay que verificar si Rivas es o no abogado, llevándolo a una audiencia indagatoria y haciéndole preguntas sobre conceptos básicos, nombre de profesores y compañeros, que hasta el momento no pudo responder.
Sobre alguna sanción administrativa, consideró que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) está siendo una especie de Poncio Pilato, porque no cae solo Rivas, sino también el que firmó el título y también estará diciendo que hay miles de médicos y abogados que podrían tener títulos falsos.
“Acá lo que estamos verificando es si este señor y muchos otros, médicos, abogados, ingenieros, van a juzgar a inocentes, matar a inocentes y construir un edificio que se caiga”, analizó.
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En cuanto a la investigación, consideró que se está haciendo cualquier cosa para que termine con una frase de ya perimió, pero que se debe investigar tráfico de influencia y posiblemente asociación criminal “porque cuando uno o más personas en una estructura repetitiva y organizada se deciden a realizar un hecho punible, eso se denomina asociación criminal”
Para el profesional, está comprobado y muchos abogados egresados de esa facultad (Sudamericana) ahora ocupan cargos en el Congreso, en el Poder Judicial y la Fiscalía.
Sobre la falta de idoneidad de Rivas, dijo que podría demostrarse en un juicio oral y público, donde se le realicen preguntas aleatorias. “En 10 preguntas en un juicio oral, yo como querella adhesiva, le demuestro al Tribunal de que el señor es un impostor y que los cómplices y coautores son funcionarios del Ministerio de Educación y Fiscalía”.
Para el abogado, no es cualquier cosa que el MEC y el Ministerio Público actúen como cómplices de que en el Paraguay haya un médico que te mande a morir y un abogado que te mande a la cárcel porque no sabía bien su profesión.
“Presuntamente lo que se está queriendo hacer acá es imputar al señor Rivas por el tipo penal más leve. Están queriendo llevar el delito o crimen de producción de documentos no auténticos, para ocupar el cargo de juez de jueces, a delitos o actos o hechos punibles que tienen una pena baja. No pueden tapar el sol con el dedo, por eso están intentando ocultar con las nubes y darle un cariz de apenas una cuestión administrativa, un fallo y no es así”, reiteró.
El profesional adelantó que no van a parar hasta que Soledad Machuca sea juzgada y procesada por complicidad presunta y Rivas sea procesado y termine fuera del Congreso,
“No vamos a parar, la ciudadanía organizada y los abogados y auxiliares de la justicia penal, hasta ver a Rivas procesado y fuera de su curul en el Congreso, al igual que, presuntamente, el otro abogado que no tiene tampoco la capacidad para ejercer como miembro y presidente del JEM. Nos referimos a Orlando Arévalo, alias Orlando Da Vinci, una facultad que no coinciden los datos, que presuntamente también su título tiene vicios de nulidad absoluta”, finalizó.
En ambos casos se cuestiona la legalidad de los títulos, como también la idoneidad para ocupar tan alto cargo, además de las críticas a las respectivas casas de estudio, como la Universidad Sudamericana y la Universidad Leonardo Da Vinci.
