El comunicador, conductor del programa radial matutino Puertas abiertas, de Radio Mburucuyá, y corresponsal del diario Noticias, fue asesinado en Pedro Juan Caballero, el 26 de abril de 1991, Día del Periodista en Paraguay.
Leguizamón era conocido por sus reportajes sobre corrupción, contrabando, narcotráfico y lavado de dinero, había recibido amenazas de muerte, y finalmente fue emboscado y acribillado de 21 tiros por sicarios al mando de sobrinos de Fahd Jamil Georges, actualmente procesado en Brasil.
DEMANDA. Tras años sin respuesta ni justicia, la demanda al Estado paraguayo por el caso fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2007.
Dicha instancia resolvió remitir el caso a la Corte IDH luego de concluir que el Estado de Paraguay es responsable internacionalmente por no actuar de conformidad con su deber de prevención y protección, y no garantizó su derecho a la libertad de expresión.
La CIDH sostuvo además que la investigación y el proceso penal no cumplieron con los estándares de debida diligencia ni con el plazo razonable, entre otros aspectos señalados.
Luego del anuncio de que el caso sería remitido ante la Corte IDH, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, expresó que el Estado paraguayo se allanaría, es decir, reconocería su responsabilidad.
Esto generó que la propia Corte IDH decida no llevar el caso a un juicio extenso de partes, ya que no existe la necesidad de debatir las posiciones de ambas partes, ya que una de ellas acepta la demanda y la necesidad de reparación.
Sin embargo, según explicaron los familiares, no existe un acuerdo entre las partes sobres las medidas de reparación a ser implementadas, por lo que este será el tema que deberá resolver la máxima instancia judicial regional sobre derechos humanos.
AUDIENCIA. La esposa de Santiago Leguizamón, Ani Morra, y su hijo Dante Leguizamón brindarán su declaración testifical en audiencia telemática a la Corte IDH el próximo viernes 25, y hasta el jueves 24 tienen tiempo de presentar pruebas testimoniales y documentaciones.
Dante explicó que las medidas de reparación tienen tres formas, una es la de no impunidad, otra es la de no repetición, y la tercera es de reparación integral a la familia.
“Nosotros pedimos hablar ante la Corte IDH porque también nos sirve como una forma de reparación integral, en un espacio donde jueces nos van a escuchar, a mi mamá sobre todo, con relación a todo lo que ella pasó, y eventualmente va a venir una sentencia”, explicó.
Recalcó que las posibilidades de una condena al Estado son prácticamente totales, considerando que el propio Estado acepta la comisión de los hechos y que no ha hecho nada al respecto, violando los DDHH de la víctima y su familia.
El Estado sostiene que ya no puede investigar nada del caso y que el Brasil tiene toda la responsabilidad porque todos son ciudadanos brasileros, según detalló. Dijo que ofrecen una reparación económica por no poder investigar, y que para ellos eso es inadmisible en términos de derechos humanos.
Cuestiona las medidas de no repetición, ya que la familia pide que afecte a otros casos de asesinatos de periodistas, y que se establezcan medidas de prevención y protección, en caso de amenazas o amedrentamientos a periodistas, pero el Estado dice que lo actual funciona bien.
Informe de CIDH a favor del caso
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó en un informe que Paraguay había violado distintos derechos humanos con relación a Santiago Leguizamón y su familia, en un informe presentado en febrero del año pasado.
El informe N° 196/20 del caso Santiago Leguizamón Zaván y familia N° 13.030, la CIDH recomienda una investigación completa del asesinato, la cooperación del Estado de Brasil para que Paraguay investigue y sancione, o en su caso que Paraguay colabore con el Estado de Brasil para que se realice una investigación.
Además, la CIDH aconseja adoptar medidas para reducir la exposición al riesgo de periodistas y trabajadores de medios de comunicación que se encuentran en situación de riesgo especial, y fortalecer la capacidad institucional para combatir el patrón de impunidad frente a casos de amenazas y muertes de periodistas.
Igualmente, el organismo internacional pide reparar las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe y que el Estado paraguayo se encargue de diseñar programas de formación y capacitación que incluyan los estándares y criterios con relación a la investigación de crímenes contra periodistas.
