El abogado Osvaldo Bittar afirmó que el Ministerio Público todavía no convocó a la jueza Tania Irún en el caso en que está denunciada por prevaricato, tras firmar la transferencia de 310 mil hectáreas en la zona del Chaco, al parecer, de manera irregular.
Con todo esto, la defensa teme que el caso quede prescripto en el 2023, por supuesta inacción de la fiscala Natalia Fúster, quien lleva adelante la investigación.
Bittar, defensa de la Asociación Espíritu Santo, había presentado más denuncias contra la jueza Tania Irún, quien habría firmado una resolución en pleno permiso por maternidad.
La magistrada había firmado una resolución de demanda, en la que se transferían 310 mil hectáreas de la Asociación Espíritu Santo a cuatro empresas extrajeras, ya que supuestamente la primera había incumplido en el pago de un crédito de USD 15 millones.
Sin embargo, el abogado de la sociedad, Osvaldo Bittar, había salido al paso para referir que la asociación nunca solicitó ni recibió ese crédito.
Algo llamativo del caso es que las 310 mil hectáreas están valuadas en USD 500 millones, cedido en su totalidad, pese a que el supuesto crédito fue de USD 15 millones.
La jueza Tania Irún tenía permiso de maternidad hasta el 27 de enero del 2019, pero solicitó a la Corte que se deje sin efecto esa licencia, lo cual fue otorgado por resolución el 23 de noviembre del 2018, pero notificado recién el 28 de ese mes a la magistrada.
Sin embargo, ese 23 de noviembre ya subió la resolución de transferencia de las tierras al sistema informático, según la denuncia.
SERIE DE DENUNCIAS. Aparte de prevaricato, había sido denunciado sobre cumplimiento de contrato y escritura. Además, la primera denuncia presentada contra la jueza Irún fue por este supuesto hecho punible, de acceso indebido al sistema informático, ya que, además, ese día habría firmado más de 400 resoluciones, según la defensa.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en julio del año pasado había resuelto enjuiciar a la magistrada, sin suspensión, por mal desempeño de funciones.
El senador Enrique Bacchetta había dicho en esa oportunidad que la actuación de Irún generaba incógnitas, porque interrumpió su permiso de maternidad para firmar esas resoluciones.