La acusación en este caso había sido presentada en el mes de enero del 2021, por los fiscales Osmar Legal, Francisco Cabrera, Diego Arzamendia y Jorge Arce, quienes solicitaron elevar el caso a juicio oral.
De acuerdo con sus argumentos, supuestamente, la empresa Imedic SA defraudó al Fisco con el ingreso ilegal al país de 50 camas hospitalarias de alta gama, adquiridas de la empresa panameña Máster House por la suma de USD 142.500. Además de Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, también están procesados el despachante de Aduanas Carlos Alberto Gamarra; los aduaneros Guillermo Andrés Molinas Camp y Gustavo Adolfo Acosta Acosta.
Los Ferreira y el despachante están acusados por presuntos hechos de contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos, mientras que los aduaneros están sindicados por supuesta colaboración o complicidad de funcionarios públicos o despachantes de Aduanas.
Existe además otra causa contra los propietarios de la firma Imedic SA, por la compra de insumos oncológicos, en la cual están acusadas Patricia Ferreira y Nidia Godoy, presidenta y directora de la citada firma, además del despachante de Aduanas Néstor Ramírez. En esta segunda causa, la acusación fiscal habla del presunto uso de facturas falsificadas para el ingreso de medicamentos oncológicos al país.
También están pendientes otros casos, como el de la de la ex titular de Petropar, Patricia Samudio y su esposo José Costa, por el caso conocido de agua tónica, por la supuesta sobrefacturación en la compra de los mismos en plena pandemia; así como la causa conocida como los tapabocas de oro, donde está acusado el ex titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Édgar Melgarejo Ginard, entre otros.
En otro sonado caso ni siquiera se ha imputado a un responsable; se trata de las compras realizadas por la administración municipal de Asunción, donde el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez fue denunciado tras el escándalo de la supuesta sobrefacturación de productos de desinfección.
Los hechos de corruptela cometidos durante la pandemia del Covid-19 no se pueden equiparar con otros hechos de corrupción.
En un momento de crisis como el que vivió el país, junto con el resto del mundo, hubo personas que intentaron obtener beneficios, precisamente en el mismo momento en el que miles de compatriotas padecían por la falta de insumos y medicamentos, y por las deficiencias de nuestro sistema de salud. Mientras paraguayos y paraguayas sufrían por la falta de camas de terapia intensiva y falta de respiradores y oxígeno, estas personas intentaron estafar al Estado.
Camas de hospitalarias, agua tónica, mascarillas, desinfectantes y sobrefacturación de insumos comprados en plena emergencia sanitaria por la pandemia nos muestran no solamente el rostro más miserable de personas que han intentado sacar provecho de una grave crisis.
La impunidad que rodea estos casos, con una justicia lenta y permisiva nos muestra también el rostro decadente de una justicia que no investiga y que se convierte en cómplice de los corruptos al admitir tan pasivamente las chicanas.
El mal uso del dinero público, y la mera intención de obtener beneficios en medio de una pandemia que dejó miles de muertos, dolor y angustia en el pueblo paraguayo deberían haber sido castigados de forma rápida y sin vacilación.
Nos urge que el sistema de justicia y toda su estructura entiendan el mensaje de que la corrupción mata, que la corrupción roba calidad de vida a la población.