La dirigencia y la ciudadanía en general no esperaban que avance la causa del cartista ni que finalmente el abdista llegue a prisión, manifestaron algunos referentes, preocupados porque se “está moviendo el avispero” y sus líderes, perdiendo fuerza.
El síntoma más notorio se da en la ciudad de Ybycuí, feudo de Rivas, donde su esposa, María del Carmen Benítez, es la intendenta y siempre mantuvo el control en la Junta Municipal.
Sin embargo, el legislativo entró en “estado de rebeldía” y cuatro colorados se sumaron a la oposición, logrando una mayoría de 8 contra 12 para presionar a la jefa comunal a presentar un informe de su ejecución presupuestaria. Ante la negativa, se dio un plazo de 72 horas para el efecto, que se cumple hoy, por lo que Benítez, por presión ciudadana, aceptó el pedido.
No obstante, como una jugada, convocó a una audiencia pública para la rendición de cuentas, evitando así responder ante la Junta Municipal.
El concejal Ezequiel Cáceres manifestó que ese no es el conducto y que el informe se debe brindar ante el pleno. Indicó que la intendenta no tiene los documentos para demostrar los gastos.
Benítez debe informar sobre la lista de funcionarios y sus remuneraciones; proyectos ejecutados en el año 2019; desembolsos de los recursos de Fonacide, Royalties y juegos de azar; ingreso de fondos propios de enero del 2019 hasta la fecha y por último, cuentas bancarias habilitadas por la Municipalidad.
Tomás Rivas está acusado por los supuestos hechos de estafa y cobro indebido de honorarios, en el marco de la causa conocida como caseros de oro, que reveló, tras una investigación de ÚH, que tres empleados particulares del diputado figuraban como funcionarios de la Cámara Baja cobrando salarios sin trabajar.
Rivas igualmente es protegido por sus pares colorados. La Cámara de Diputados rechazó en octubre del pasado año el pedido de pérdida de investidura, formulado por considerarse la existencia de uso indebido de influencias.
El caso es idéntico al del ex diputado José María Ibáñez, quien debió renunciar por presión ciudadana y una inminente expulsión. Sin embargo, el paraguariense mantiene de su lado a la mayoría.
La solicitud de expulsión afectó también en ese momento al liberal Carlos Portillo y al abdista Ulises Quintana, pero tampoco prosperó.
Actualmente, la Justicia sigue sin mayores avances. Mediante chicanas presentadas por la defensa, Rivas logra suspender la audiencia preliminar en la que podría ordenarse su prisión.
Cuevas preso. Miguel Cuevas también logró prolongar su ida a prisión, como medida preventiva, que finalmente se concretó la semana pasada en la Agrupación Especializada.
Cuevas afronta un proceso por los supuestos hechos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa, ocurridos durante su gestión como gobernador.
El próximo miércoles, se reanudan las sesiones en Diputados, luego del receso, y su situación deberá ser aclarada en el sentido de sus inminentes ausencias, por lo que podría ser convocado su suplente, Vicente González.
También están imputados su esposa, Nancy Florentín, su hijo, Enzo Cuevas, y la docente, Griselda Duarte.