Desde el día en el que la senadora liberal Celeste Amarilla dio a conocer la lista de los supuestos ocupantes vips de costosos terrenos ubicados sobre el río Paraguay, al lado del puente Remanso, en la zona conocida como Chaco’i, una propiedad de 131 hectáreas del Ministerio de Defensa y que el senador colorado Basilio Núñez consiguió que fuera expropiada a favor de esos ocupantes, no hubo un solo día en que no se hayan sumado más datos y denuncias.
Amarilla no solamente dio a conocer la lista de ocupantes vips, entre los que se encontraban jueces, ganaderos, políticos y empresarios, conocidos y poderosos apellidos menonitas, sino que además denunció que dicha lista fue obtenida en forma extraoficial, “pues (Bachi) Núñez prohibió que nos concedan, con la manifiesta complicidad de la presidenta en ejercicio (la liberal) Hermelinda Alvarenga que ya no puede disimular su sometimiento al capataz de HC. ¡Tremendo negociado!”, expresaba la senadora.
La denuncia es corroborada por la senadora por el Partido Encuentro Nacional Kattya González, quien señaló que expropiaciones y desafectaciones, pese a ser dos figuras diferentes son aprovechadas por grupos de políticos “que hacen negocios con estas dos figuras”. Agregó que con ambas figuras el grupo político mayoritario hace negocios.
El escándalo fue inevitable. El país entero no pudo evitar sentir indignación ante lo que se ve como un capítulo más en nuestra oprobiosa historia de desigualdad; baste para ello mencionar un dato del Banco Mundial respecto a la concentración de la tierra en el país: más del 70% de la tierra productiva está ocupada por el 1% establecimientos más grandes, lo que nos ubica como el país con el mayor nivel de desigualdad de tierras en el mundo.
Mientras las instituciones siguen impasibles, desde el Ministerio de Defensa Nacional surgió el dato de que, a lo largo de los años, la institución ya fue despojada de un total de 52.330 hectáreas, de las 228.805 hectáreas más 8.592 m² que tenía originalmente. El despojo del patrimonio nacional fue posible por autorización del Congreso Nacional, incluso a pesar de los dictámenes en contra que fue emitiendo el Ministerio de Defensa para evitar perder sus inmuebles. Defensa nada puede hacer con respecto a las propiedades arrendadas mediante contratos firmados por administraciones anteriores, pero se podrían corregir para beneficio del Estado. El titular de dicho Ministerio anunció que se podría permitir que algunos inmuebles públicos sean vendidos, pero será a precio de mercado y no gratuitamente como se hizo anteriormente.
Paraguay no solo es el país con el mayor nivel de desigualdad de tierras en el mundo, sino también sufre la desigualdad en cuanto a la aplicación de la ley y la obtención de justicia. La aplicación de la ley Riera-Zavala es un claro ejemplo de ello, tal como se señala en la declaración de la Cámara de Senadores, que solicitó al Ministerio del Interior establecer criterios igualitarios para la efectiva aplicación de la ley, con relación a la ocupación indebida de tierras fiscales en el sitio denominado Jardines de Remansito. Se reclamó que dicha ley solamente se aplica cuando se trata de campesinos e indígenas, y no en el caso de los ocupantes vips.
El Ministerio Público se toma su tiempo para analizar los posibles tipos penales que se puedan configurar en el caso de la ocupación vip en las 131 hectáreas en la finca 916, en el distrito de Remansito, y tres ocupantes vips ya entregaron sus parcelas y reconocieron la titularidad del Estado paraguayo sobre esas tierras, pero se debe señalar la necesidad y la urgencia de una investigación seria y objetiva de modo a poder castigar a todos los responsables de los ilícitos y del despojo que ha venido sufriendo el Estado paraguayo.
