En 1979, en pleno auge del terror de la dictadura stronista, la cúpula de la Iglesia Católica publicó una carta pastoral llena de coraje denominada El saneamiento moral de la Nación. Con un preciso diagnóstico sobre la corrupción pública y privada, hablaba del “grave deterioro moral de nuestra sociedad, la quiebra de los valores morales que ponen en peligro la estabilidad misma de la nación”. A más de 40 años del histórico documento, y en plena democracia, esa misma corrupción pública y privada siguen poniendo en peligro la supervivencia de los no-privilegiados en tiempos de pandemia.
La semana ha sido rica en comportamientos despreciables.
El proceso de vacunación sigue poniendo a prueba la incapacidad organizativa del Estado. No solo ha sido dramático el registro de los beneficiarios, sino también su agendamiento, en una vergonzosa demostración de ineptitud institucional, corroborando una vez que más la creación de organismos se realiza al solo efecto de manejar jugosos presupuestos y llenarlos de recursos humanos ineficientes. Existe un ministerio de Tecnología e Información (Mitic) que no es capaz de responder a su esencia: ni tecnología ni comunicación. La descoordinación entre instituciones no permite siquiera filtrar a los muertos que se anotan para recibir su dosis. Salud, Mitic, Registro Civil, Gabinete Social se pasan la pelota, mientras la gente hace malabarismos para vacunar a sus adultos mayores o conseguir medicamentos en engorrosos procesos digitales.
Y en medio de esta situación, los nuevos escándalos de la vacunación de privilegio. Esta vez salpican a la senadora Mirta Gusinky (73), al ex gobernador del Guairá Rodolfo Max Friedmann (66), padre del senador Rodolfo Friedmann, y al ex gobernador de Guairá y al ex gobernador y ex parlasuriano Celso Troche (67). Todos colorados.
Ninguno de los tres cumplían los requisitos de franja etaria establecida para recibir la inoculación, ya que la convocatoria era para personas mayores de 75 años y más. Lo más grave es que los tres fueron vacunados en sus casas, en el contexto de un programa especial del PAI que incluye a personas de más de 60 años que no pueden movilizarse.
Gusinky negó rotundamente: “No me vacuné todavía. Hay un error”. El Ministerio de Salud mostró los documentos, con su firma, que aseguran que se vacunó el 20 de abril en su domicilio. Además del tribunal popular, enfrenta la indignación de sus colegas. Le piden su renuncia o en su defecto impulsarán la pérdida de investidura, un tema que se analizará mañana en la mesa directiva del Senado. Este caso tumbó al director de la XVIII Región Sanitaria-Central, Dr. Robert Núñez, y otra veintena de funcionarios, quienes fueron separados del cargo.
Friedmann admitió haber recibido la vacuna anti-Covid-19 y alegó que fue notificado por su discapacidad que lo mantiene encamado, argumento difícil de creer por su febril actividad social ampliamente difundida a raíz de sus escándalos amorosos y su gruesa billetera.
Por si fuera poco, el propio MSP denunció ante la Fiscalía el robo de un frasco que contiene 10 dosis contra el Covid-19, del Hospital de San Lorenzo, Calle’i. Un funcionario sería el vendedor de las vacunas, por el monto de G. 350.000.
Estos escándalos se dan en el marco de la escasez de las vacunas, hoy el bien más preciado en el mundo. En Paraguay se roba y hasta se deshecha por incompetencia.
LA VIDA EN UN TERMO. No solamente las noticias sanitarias agitan el escenario. La semana empezó con una revelación que encendió la indignación. El Ministerio de Hacienda, que reclama austeridad para el resto del país, que sobrevive en medio de una debacle económica a raíz del cierre de las empresas y la consecuente crisis laboral con 266.000 desempleados, pagó una bonificación equivalente al salario mínimo a todos sus funcionarios. El “subsidio familiar” de G. 2.193.000 alcanzó a sus 1.500 funcionarios, que totalizan G. 3.300 millones del erario público.
Cuando aún no se digería del todo la irritante noticia, se supo que también el Banco Central del Paraguay otorgó una remuneración extraordinaria más escandalosa aún: en febrero pagaron a más de 700 funcionarios más de G. 8 millones en concepto de ayuda alimentaria y gastos médicos extraordinarios. Se desembolsaron casi 6.000 millones.
Basta una comparación para mostrar los inaceptables privilegios: El IPS paga apenas el 50% del salario mínimo a los trabajadores suspendidos, es decir, 1.096.000, más allá del salario real que perciban.
El Pytyvõ, destinado a los trabajadores informales, es apenas G. 540.000. Las bonificaciones de Hacienda y BCP equivalen a 18.000 Pytyvõ.
¿Dónde está la austeridad, la empatía, el sentido común, la mínima conciencia moral de estos órganos económicos que se pasan analizando la lacerante realidad nacional, pero ellos no bajan de su burbuja de privilegios desvergonzados? ¿Cómo el presidente de la República permite semejante afrenta, mientras la Policía persigue a humildes pancheros y lomiteros que se atreven a vender sus productos después de las ocho de la noche?
Así como en 1976, la voz de todos los sectores debe retumbar exigiendo el saneamiento moral de la Nación, porque las vacunaciones vips no tendrán castigo en la Justicia porque “no están tipificadas”. No se devolverán las bonificaciones escandalosas porque “está en la ley de presupuesto”. Se afirma que la corrupción moral es la fuente de las demás corrupciones. Esto va más allá de lo legal. Es un debate ético y moral.
Si anteriormente la vida estaba en manos de la dictadura, hoy está en manos de los inescrupulosos criminales a los que no les interesan los otros, mientras ellos mantengan el privilegio de la buena vida, vacuna incluida.
