Con ello, será el tribunal de Apelación de feria el que debe decidir qué juez deberá ser el encargado de la causa en la que están procesados, entre otros, Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto.
Amarilla se había inhibido de la causa debido a que Nicolás Arias, hijo del abogado Álvaro Arias, que defiende a Raúl Fernández Lippmann, era funcionario de su juzgado. Esto para evitar cualquier duda sobre su actuación en el proceso.
Sin embargo, su colega Paublino Escobar, que fue sorteado para entender en la cuestión, impugnó la inhibición.
Sostiene que el motivo alegado por el juez Amarilla no está previsto como causal para que un juez se aparte de una causa.
Además, dice que el funcionario no tiene ningún poder de decisión en la causa, con lo que la causal no corresponde.
Incluso, cita el artículo 51 del Código Procesal Penal, en el que afirma que el juez tiene la potestad para apartar al actuario y a los auxiliares para trabajar en la causa.
OTRA CAUSA. Asimismo, el juez también señala que Amarilla no tuvo problemas para entender en la causa en la que el único procesado es Raúl Fernández Lippmann, por enriquecimiento ilícito, que se tramita ante el juez Julián López, que era interinado por él.
Es más, Amarilla decretó su prisión preventiva, con lo que afirma que en esa causa no señaló ningún inconveniente con el abogado Arias.
El juez cita varios fallos del Tribunal de Apelación al respecto. De esta manera, impugna la inhibición de su colega Gustavo Amarilla.
Con ello, será el tribunal de Apelación de feria el que deberá designar al magistrado para entender en la causa investigada.
Además de los citados legisladores González Daher, Oviedo Matto y el secretario Fernández Lippmann, también están procesados los abogados Carmelo Caballero y Rubén Darío Silva.
La causa se inició como consecuencia de varios audios que fueron filtrados del Jurado de Enjuiciamiento, donde se hablaba de negociados en varios casos, que involucraban a fiscales y jueces.
El hecho tomó dimensiones inéditas al lograr que González Daher sea el primer legislador que pierda su investidura desde la sanción de la nueva Constitución Nacional.
El caso seguirá sin poder tramitarse hasta que se pueda designar un juez que atienda el proceso penal.
