El titular de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero, Jorge Querey, encabezó este martes la presentación del informe final del organismo, el cual está compuesto por un total de 1.000 páginas.
El ex presidente de la República Horacio Cartes y los diputados colorados Erico Galeano y Juan Carlos Ozorio son algunos de los nombres que se mencionan en el documento.
Querey enfatizó sobre algunos hallazgos que se realizaron con relación al contrabando de cigarrillos, manifestando que en el informe se “constata” la debilidad de la Unidad Interinstitucional de prevención, combate y represión del Contrabando (UIC).
Además, cuestionó a la Unidad Especial contra el Contrabando del Ministerio Público, porque “nunca presentó resultados” y “nunca se destacó en operativos contra el contrabando”.
“Parte de la Armada Paraguaya, yo no quiero generalizar, en especial los destacamentos navales se han convertido en aliados (del contrabando). Nosotros estamos contribuyendo como Estado, estamos siendo parte funcional de esto”, resaltó el parlamentario.
Mientras que el informe detalla: “El modus operandi más frecuente del contrabando de cigarrillos es haciendo pasar la carga por el Río Paraná en las fronteras fluviales con Brasil y Argentina, sin embargo, también los contrabandistas de cigarrillos utilizan las rutas en la frontera seca con el Estado de Mato Groso do Sur del Brasil que limita con tres departamentos de Paraguay; Canindeyú, Amambay y Concepción. Además, el contrabando de cigarrillos también se realiza en el Chaco Paraguayo con la frontera de Bolivia”.
En tanto, mencionó que hay otras tabacaleras presuntamente vinculadas al lavado de dinero, entre las cuales mencionó a la Tabacalera del Este (Tabesa), Mercury y Tabacalera Hernandarias.
“Está demostrado en un documento público de Brasil. Lo que ahora revelamos es que existe un control de ese ilícito en el Brasil por parte del PCC y el Hezbolla. Las empresas que son clientes de las más grandes, de Tabesa, Palermo, etc., están ligadas al lavado de dinero”, añadió.
Al respecto, mencionó que todos los aspectos detallados con relación a la industria tabacalera que opera en el país, revelan las sospechas nacionales e internacionales con relación a sus vinculaciones con el lavado de dinero.
Seguidamente, siguió hablando del contrabando y reiteró “el posible rol de cómplices”.
“Tratamos de dar a conocer qué daños está haciendo al país y el modus operandi de los contrabandistas. Cuando hablamos de delitos conexos, tocamos dos o tres casos emblemáticos, porque es imposible en dos o tres meses tratar todos”, manifestó.
En ese sentido, dijo que en el documento se detalla el caso del Operativo Tartufo, desarrollado en marzo del 2021, cuando funcionarios aduaneros y militares de Ciudad del Este, Alto Paraná, fueron detenidos, mientras recibían dinero para dejar pasar mercaderías procedentes de Foz de Yguazú-Brasil.
“Lo llamativo (de este caso) es por qué no se siguió (investigando)”, señaló, asegurando que los ingresos ilegales son un punto que los tres poderes del Estado tendrán que trabajar por lograr combatir.
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También recordó los videos del 12 de junio del año 2021, en Itá Enramada, donde se observaba que frente mismo a la Armada Paraguaya una gran cantidad de personas y camiones estaban sacando mercaderías de contrabando, además de policías y militares.
Tráfico de armas, corrupción pública y terrorismo
Querey también abordó la cuestión del contrabando ilegal de armas, indicando que el 60% de las armas de bajo calibre que entran de contrabando al Brasil pasan por Paraguay, mientras que el 90% de las armas de grueso calibre pasan por Paraguay. Lamentó que en Paraguay no existe documento sobre el caso.
Sobre el narcotráfico, cuestionó la normativa actual de Paraguay, ya que dijo que “la política de drogas en Estados Unidos y otros países no es la misma que manejamos acá para evitar que seamos ruta del narcotráfico”.
Mientras tanto, en cuanto a corrupción pública manifestó que “no fue tocado en toda su amplitud”, sino que se mencionan a políticos involucrados con lavado de dinero.
Al respecto, habló del caso del ex diputado Juan Carlos Ozorio, quien fue imputado por lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal, tras lo cual se solicitó su prisión preventiva.
“El caso del diputado Osorio es el único caso que hago referencia. La documentación es tan extensa”, expresó sobre el punto.
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Finalmente, sobre terrorismo, señaló que “se pudo acceder a muy poca información”, por lo que se mencionan solo dos casos, el de Sayid Alí Hijazi y Kassem Mohamad Hijazi, que tuvieron una vinculación directa con el terrorismo por los Estados Unidos.
En tanto, dijo que señaló que se describen a las organizaciones criminales que operan en el país, entre las cuales citó al Clan Rotela y al Primer Comando Capital (PCC).
Además, mencionó que también se refirieron a algunas casas de cambio que están vinculadas a organizaciones criminales y “que las evidencias cruzadas hacen pensar en el involucramiento de estas instituciones” en lavado de dinero. “El Ministerio Público tomó intervención, pero en las demás no tenemos información”, reiteró.
“Hay que entender que el tema del lavado de dinero no se mueve estrictamente en el ámbito delictivo, se mueve en el ámbito formal a través de inversiones que se van haciendo. Es justamente la manera de legitimar esos activos”, explicó.
Instituciones que colaboraron
Antes de detallar el documento, habló de su estructuración, señalando que fue elaborado tras sendas reuniones con representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Comandancia de la Policía Nacional, entre otras autoridades.
Manifestó que también se reunieron con las víctimas del ex dirigente deportivo Ramón González Daher, quien fue condenado a 15 años de prisión por usura, lavado de dinero y denuncia falsa.
Mencionó que en el marco de la investigación, compareció ante la CBI el diputado colorado Erico Galeano, quien está investigado por el Ministerio Público por vínculos con el operativo A Ultranza, que desarticuló una gran estructura de narcotráfico y lavado de dinero.
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En tanto, lamentó que no pudo acceder a información tributaria por parte de Óscar Orué, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), quien se escudó con el “secreto tributario”, el cual es un derecho de los contribuyentes.
En el caso de la Cooperativa San Cristóbal, manifestó que se incluyó en el informe de forma extensa, debido a que “es un caso emblemático” al involucrar “política, lavado de dinero”, entre otros hechos.
“Hoy tenemos que defender también el modelo de cooperativa. Es muy importante que esto tenga resoluciones claras por parte de la Justicia”, expresó Querey.
Clientes de tabacalera de Cartes
Querey dijo además que ya no lograron tener mayor información relevante con el viceministro Óscar Orué, excepto por los informes de inteligencia financiera a los que accedieron.
Con dicho informe detectaron que las empresas que son clientes de Tabesa o Palermo, tienen directivos con frondosos antecedentes por lavado de dinero, narcotráfico, evasión impositiva o con una investigación a cuestas por asesinatos.
“Tenemos que comprender que el contrabando de cigarrillo es un fenómeno económico y hay que también discutirlo en ese ámbito”, expresó.
De acuerdo a los datos, se puede deducir que Tabacalera del Este vendió al mercado local 96,24% y exportó 3,76% de su producción entre el 2013 y el 2021. Sin embargo, la cantidad de venta en el mercado local supera ampliamente la capacidad del consumo en el país.
“Esta excesiva producción de cigarrillos termina saliendo como contrabando”, aseveró e indicó que la Fiscalía y organismos jurisdiccionales deberán hacer referencia a los alcances del código aduanero. Esto molesto al diputado cartista Basilio Bachi Núñez, quien se retiró de la reunión.
Tras su presentación, el informe será entregado al titular del Senado, Óscar Salomón, quien a su vez pondrá a consideración de los demás legisladores de la Cámara de Senadores, así como también será remitido al Ministerio Público.
Además de Querey, integran la Bicameral los senadores Enrique Buzarquis (PLRA) y Juan Afara (ANR), mientras que la Cámara Baja está representada por los colorados Basilio Núñez, del cartismo; Hugo Ramírez, oficialismo, y el liberal Jorge Ávalos Mariño.
