En la sesión reservada de la Comisión Conjunta de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y Otros Delitos Conexos, encabezada por el senador Dionisio Amarilla (PLRA), la presidencia propuso a sus integrantes avanzar en los trámites para a través de acciones judiciales requerir datos que fueron negados por varias organizaciones sin fines de lucro.
Entre los casos de negación de entrega de los documentos, se cita al Centro de Estudios Judiciales, Semillas para la Democracia, Colab Abogados, el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo, etc.
El senador liberocartista citó la Ley 137/93, que refiere a las Comisiones Conjuntas de Investigación, para decir que es “clara” y argumentar de algún modo la potestad de accionar judicialmente.
“Lastimosamente, valiéndose de artilugios y en algunos casos de notas que ustedes ya conocen el contenido e incluso filtrándose información de las mismas organizaciones que hasta enviaron emisarios para intentar sobornar o suavizar la gestión de la presidencia, han dilatado la provisión de estas informaciones”, señaló Dionisio Amarilla.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEn conferencia de prensa posterior a la reunión de la CBI, Amarilla dijo que el pleno de la comisión decidió dar el visto bueno a esa medida.
“Una de las resoluciones relevantes de la fecha es la autorización que ha hecho la comisión al presidente para iniciar las acciones de manera tal a requerir los documentos respaldatorios a esas organizaciones que recibieron recursos provenientes de la cooperación internacional y del Estado paraguayo”, señaló el senador.
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La CBI solicitó información a varias ONG para conocer sus movimientos financieros, petición que fue denegada e incluso denunciada como anticonstitucional por varias instituciones.
Como el caso del estudio jurídico Colab Abogados, que contestó con una nota en la que criticaron el actuar de la Comisión al referir sobre las inconsistencias legales de su actuar, además de cuestionar la idoneidad y capacidad de sus miembros.
