Parte del informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero, presentado este martes ante el Congreso Nacional, detalla una serie de presuntas irregularidades en las operaciones de empresas que forman parte del grupo del ex presidente de la República y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes.
El documento cuestiona la inacción de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, debido a que el Ministerio Público no realiza investigaciones profundas contra el ex mandatario, pese a que desde hace años se viene evidenciando su presunta participación en hechos de contrabando de cigarrillo y lavado de dinero.
En el texto se indica que, además de ambos delitos, algunas de sus firmas son aparentemente de maletín, presentaron declaraciones falsas en sus facturaciones, realizan “boleteo” o “simulan ventas”, con el objetivo final para el contrabando de los productos.
Además, se detallan presuntas evasiones de impuesto durante el 2021; empleados no inscriptos en el Instituto de Previsión Social (IPS); presunta usura y omisiones o falsificaciones de datos en declaraciones juradas.
Vínculos con terrorismo
En una parte del documento, la CBI recuerda que el Departamento de Estado de los Estados Unidos declaró recientemente a Horacio Cartes como significativamente corrupto, por actos de corrupción y “sus lazos con organizaciones terroristas”.
Se señala que la Comisión Bicameral hizo un análisis de una investigación llevada a cabo por dos integrantes de la Comisión Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, donde se aborda “una supuesta inclusión de los negocios del tráfico ilícito de cigarrillos en la Triple Frontera, vinculada con las actividades terroristas de Hezbola”.
En dicha investigación se manifiesta que “Paraguay es la mayor fuente de cigarrillos ilícitos” y que Horacio Cartes es catalogado como el “arquitecto del TIPT (tráfico ilícito de productos de tabaco) de la región”, siendo propietario de Tabacalera del Este (Tabesa).
Rutas del contrabando reveladas
En cuanto a la forma de lograr los movimientos ilegales de cigarrillos, la Comisión Bicameral refiere que para este tipo de ilícitos se emplea generalmente la misma ruta del narcotráfico y del tráfico de armas.
“El modus operandi más frecuente del contrabando de cigarrillos es haciendo pasar la carga por el río Paraná en las fronteras fluviales con Brasil y Argentina. También los contrabandistas utilizan las rutas en la frontera seca con el estado de Mato Grosso do Sur, que limita con tres departamentos: Canindeyú, Amambay y Concepción”, especifica el documento.
Y añade: “El contrabando de cigarrillos también se realiza en el Chaco paraguayo, con la frontera de Bolivia. La principal ruta del contrabando de cigarrillos se realiza por agua en la zona fronteriza entre el Departamento de Canindeyú y el estado de Paraná, Brasil”.
Para lograr su cometido, los contrabandistas instalan puertos clandestinos en las orillas del río Paraná, incluso frente a los destacamentos de la Armada Paraguaya, “que hacen la vista gorda e incluso algunos militares hacen de guardias especiales”.
Aparentes simulaciones de ventas
El informe de la CBI también se basó en un reporte de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el cual indicó que las operaciones de venta locales de las empresas Tabesa y Palermo tienen una “alta probabilidad” de operar simulando operaciones de compraventa a nivel interno.
“Dada la ausencia de relación entre las compras con las actividades declaradas por los compradores, se infiere una operativa conocida en el ámbito financiero y contable como boleteo o emisión de facturas a destinatarios cercanos para realizar la simulación de ventas, para documentar la producción y distribución de cigarrillos que presuntamente se envían de contrabando”, reza el texto.
Además, menciona inconsistencias en las declaraciones impositivas tanto de Tabesa como de sus clientes, lo cual sería un “indicio de declaración falsa”, porque se trataría de una producción de registros de operaciones inexistentes.
Según indicó la CBI, también pudieron acceder a documentos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), del Instituto de Previsión Social (IPS) y la Contraloría General de la República (CGR), con respecto a las firmas vinculadas al ex presidente y su hermana, Sarah Cartes, quien aparentemente sería “sería su principal prestanombre”.
Evasión impositiva o empresas de maletín
En tanto, el reporte indica que, de las 72 empresas que forman parte del grupo, unas 23 no tienen ningún empleado en el IPS, mientras que el Hotel Aloft, que adquirió el Grupo Cartes por más de USD 8.000.000 en el 2016, registra un solo asegurado en la previsional y aportó al Fisco solo G. 1.126.545 en el 2021. No obstante, está cerrado desde hace 32 meses.
Además, 10 empresas —como Experta Basa de Seguros, Cigar Shop, Sporting Life, Soccer Marketing and Sports Trade, Establecimiento Agrícola Che Po’a, Fundación Ñande Paraguay, Bricks Center, FP Hoteles, Enex Investments, Fideicomiso de garantía—, algunas con suspensión temporal, no pagaron ningún impuesto al Fisco en 2021.
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Se señala también que nueve firmas que emitieron facturas entre sí para una aparente simulación de ventas son las que presentaron facturaciones y aportes significativos al Fisco, por un total de G. 234.582.110.792 (68,7%) de todo el aporte fiscal de las empresas del Grupo Cartes.
“El caso de la empresa Sporting Life llama considerablemente la atención, teniendo en cuenta que en la última declaración jurada presentada ante la Contraloría, el ex presidente Horacio Cartes declaró que en dicha empresa posee un préstamo de G. 2.606.959.259, además de G. 31.000.000 de acciones; sin embargo, la SET informó que esta firma tiene suspensión temporal”, señala el informe.
Asimismo, menciona que caso similar se dio con las empresas Establecimiento Agrícola Che Po’a, Cigar Shop, Tierra Buena Inmobiliaria, Developy, las cuales tienen suspensión temporal, pero cuentan con movimientos e irregularidades.
Presunto negocio de usura
Por otra parte, en el documento también se da a conocer que Horacio Cartes realizó préstamos personales desde el año 2012, pero que en ese entonces todavía ni siquiera contaba con RUC. De 2012 a 2021 prestó un total de G. 1.690.388.845.636 (USD 248.586.595).
Para el 2013, después de las elecciones en las que fue electo presidente, el mismo se inscribió como contribuyente ante la SET, pero presuntamente siguió entregando préstamos personales sin estar inscripto en el Banco Central del Paraguay (BCP).
“Horacio Cartes entregó otros millonarios créditos, por ejemplo, al Club Libertad, hasta el 30/09/2021 un monto de G. 47.291.097.030 (USD 6.954.500) sin estar inscripto en el BCP para actuar en el mercado crediticio”, se especifica al respecto.
Transferencias internacionales sospechosas
Finalmente, se dan a conocer algunas dudosas trasferencias internacionales ejecutadas por Tabesa en dólares y en euros, de las cuales la mayor fue realizada al Brasil, supuestamente para pagar por materias primas y maquinarias para la producción de cigarrillos.
Se identificaron también operaciones millonarias con México e Islas Caimán, este último por USD 64.8 millones, país que es considerado como un paraíso fiscal, además de transferencias a Bahamas, Bonaire, San Eustaquio, Saba, Curazao, Finlandia, Indonesia, Luxemburgo, Polonia, Singapur, entre otras.
Asimismo, se señalan millonarias transferencias a favor de ex integrantes de alto rango del Gobierno durante su mandato, como el ex titular de la Seprelad Óscar Boidanich Ferreira, y el ex titular del Ministerio de Hacienda y actual precandidato a presidente por Honor Colorado, Santiago Peña.
“Los numerosos documentos a los cuales accedió la Comisión Bicameral de Investigación permite observar a personas vinculadas que estarían facilitando a Horacio Cartes operar sus negocios. Se han podido encontrar numerosas vinculaciones directas e indirectas con personas relacionadas con lavado de dinero, narcotráfico y contrabando, que se encuentran en proceso de investigación por autoridades competentes en el país y en el exterior”, añade a su vez el texto.
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El informe de la CBI fue presentado este martes tras más de dos meses de trabajo. En la ocasión, Jorge Querey aseguró que el mismo está sustentado “únicamente con base en documentos” y fue elaborado a partir de “opiniones personales”.
Además de Querey, el grupo está integrado por los senadores Enrique Buzarquis (PLRA) y Juan Afara (ANR), mientras que la Cámara Baja está representada por los colorados Basilio Núñez, del cartismo; Hugo Ramírez, del oficialismo, y el liberal Jorge Ávalos Mariño.
En medio de la presentación del documento, el diputado cartista Bachi Núñez se retiró ofuscado del encuentro, alegando que el documento está “contaminado por cuestiones políticas”.
El grupo del CBI entregará el documento al titular del Senado, Óscar Salomón, quien a su vez pondrá a consideración de los demás legisladores, tras lo cual se espera que también sea enviado al Ministerio Público para una exhaustiva investigación.
