- Edgar Medina
- CIUDAD DEL ESTE
Se espera que en dos meses se tenga ya una sentencia judicial final sobre la mensura realizada para ubicar la famosa y, a la vez, conflictiva finca 66 que fuera expropiada a favor de la Municipalidad de Ciudad del Este, en los años 90.
Su ubicación y límites siempre fueron caldo de cultivo para políticos oportunistas y de seudodirigentes sociales, por lo que finalmente la institución municipal inició un juicio de mensura judicial que lleva más de 10 años.
Finalmente, la orden de mensura se ejecutó bajo la administración del intendente Miguel Prieto, quien adjudicó a una empresa el trabajo. Los resultados fueron remitidos al Juzgado en lo Civil y Comercial que entiende en el caso, a la espera de una sentencia definitiva.
El tema volvió a saltar después de casi una semana de manifestaciones y escraches contra el jefe comunal; pues las órdenes de desalojo están literalmente lloviendo sobre la famosa finca y los afectados quieren que la Comuna tome la administración de las tierras.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppLuego de mucha presión, Prieto se reunió con los pobladores afectados, liderados por Pedro Barúa. En la ocasión, llegaron al acuerdo de que iniciarían una serie de acciones autónomas de nulidad para tratar de frenar los desalojos.
La Comuna había sometido a mensura el área, teniendo en cuenta que gran parte había sido fraccionada con títulos de propiedad por inmobiliarias. Mientras que algunos terrenos habían sido ocupados por supuestos sintechos, quienes luego fueron demandados judicialmente por los poseedores de documentos de pago.
LATENTE. Son alrededor de 20 mil familias las que residen en el sector, de las cuales unas mil podrían ser desalojadas por los conflictos de posesión de los terrenos o viviendas. En ese contexto, se realizaron algunos desalojos de las viviendas de los señalados como ocupantes precarios; mientras que la Municipalidad no asumió la propiedad sobre el inmueble, ya que estaban pendientes los resultados de la mensura judicial iniciada.
Los trabajos técnicos fueron realizados por la firma Geocad, de Jorge Daniel Quintana, para lo cual la Comuna desembolsó más de G. 2.600 millones. El profesional informó el viernes último que se realizaron la medición y la elaboración de los planos y los resultados fueron aprobados el 30 de diciembre del año pasado por el Departamento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
La entidad pública ya remitió los resultados al Poder Judicial, instancia que debe emitir la sentencia definitiva y remitir a la División de Catastros para que la Municipalidad pueda definitivamente administrar los inmuebles.
Prieto informó que en dos ocasiones presentaron un pedido de medida cautelar para frenar los desalojos y fueron rechazados por la Justicia, por lo que ahora se comprometió en presentar acciones autónomas de nulidad por cada caso que haya sido presentado ante los diferentes juzgados de Ciudad del Este, para frenar los desalojos.
LLAMADO. El jefe comunal pidió a todos los pobladores comprendidos en el sector de la finca que estén afectados por juicios de desalojo que presenten sus casos ante la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de CDE para que los profesionales presenten la acción autónoma de nulidad, por cada caso.
La determinación fue tomada luego de una reunión con la magistrada Bertha Ávalos, presidenta de la VI Circunscripción Judicial, quien les informó que cada juzgado es independiente y que ella no podría inmiscuirse en los procesos judiciales.
La cifra
755 hectáreas de tierra comprende la denominada finca 66 y abarca populosos barrios de Ciudad del Este.