La ministra Cecilia Pérez habló en la mañana de este miércoles del sumario administrativo que se abrió a los guardiacárceles encargados del pabellón donde se encontró en octubre de 2020 un laboratorio de drogas en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
Óscar González, asesinado el domingo pasado, era director del penal en ese entonces y se presume que su asesinato guarda relación con este hecho, ya que habría sido amenazado, por lo que fue sacado del cargo y luego fue comisionado a otra institución.
La asesora de Asuntos de Seguridad de la Presidencia de la República explicó a Monumental 1080 AM que aquel sumario quedó suspendido a resultas de la causa penal que abrió el Ministerio Público tras el hallazgo del laboratorio de drogas.
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Tras referirse al tema trajo a colación el caso del túnel hallado en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, de Amambay, en agosto de 2020, que derivó en la destitución de cuatro guardiacárceles, tras un sumario administrativo.
Recordó que el juez sumariante Miguel Mencia sobreseyó a los mismos y que el Ministerio de Justicia, que todavía estaba al frente de Cecilia Pérez en esa época, se separó del criterio porque el magistrado recomendó levantar el sumario contra los agentes penitenciarios porque “no participaron en la excavación”.
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La ministra dijo que realizó varias denuncias de casos como este, en los que los funcionarios de las cárceles fueron blanqueados.
“Fue algo que nos llamó mucho la atención. Pero, no fue el único caso, denunciamos a la Secretaria de la Función Pública varias maniobras en sumarios que, habiendo un elemento fuerte, terminaban con un pedido de sobreseimiento o una sanción leve”, manifestó a la radio.
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Pérez dijo que el objeto del sumario en el caso de Pedro Juan Caballero fue que los funcionarios no cumplieron con sus funciones de verificar las celdas y no que estuvieron cavando el túnel, por lo que calificó como “despropósito” el sobreseimiento del juez instructor en el caso.
“Con ese sumario blanqueado y sin avance en lo penal, sin embargo, teníamos una tentativa de liberación de presos y tentativa de obstrucción a la persecución penal”, agregó.
El Ministerio de Justicia se apartó de aquella recomendación y destituyó e inhabilitó para ocupar cargos públicos por dos años a Nicolás Acosta Fleitas, Rafael Galeano Peralta, Virgilio Sanabria y Fabio Aníbal Recalde Ortiz en 2021, mediante el Decreto N° 5741.