La comisión deberá dictaminar y luego el caso deberá ser tratado en el pleno para su aprobación o rechazo.
Amarilla sostuvo que todo parlamentario cuenta con inmunidad de palabra garantizado en la Constitución Nacional, en el artículo 191.
“Esto está garantizado desde la Constitución del año 40 y esta doctrina es mundial, salvo por una que otra tiranía, pero esta inmunidad de palabra, de ideas, es una tendencia mundial”, manifestó.

La legisladora afirmó que las acciones en su contra forman parte de un revanchismo de parte de los diputados, y que en muchas ocasiones fue blanco de ofensas en la cámara, pero no denunció porque entiende que sus pares también gozan de inmunidad.
“Esto no me lo hacen a mí, sino que cortan la única inmunidad al Parlamento. A partir de esto ningún congresista podrá denunciar nada. Un Parlamento sin inmunidad de palabra deja de ser un Parlamento”, aseveró.
Por su parte, el abogado Guillermo Cacavelos, quien representa a Amarilla, aseguró que el pedido de desafuero es improcedente, debido a que no hay una resolución firme y, por imperio del Código Procesal Penal, mientras se tramita un recurso, esto no puede ser ejecutado, lo que representa un impedimento para la comisión y para la Cámara de Diputados.
Amarilla acusó a Villalba de estar vinculada al narcotráfico, y se basó en un informe de la Senad.
El cartista Derlis Maidana, quien preside la comisión, dijo que Amarilla debería actuar con más responsabilidad al emitir sus opiniones.