Los dirigentes sindicales cuestionaron la decisión unilateral del Gobierno, “adoptada sin convocar siquiera a un diálogo a la clase trabajadora”, por lo que la posibilidad de que se modifique el Código Laboral volverá a aliar a las fuerzas sindicales contra una medida unilateral del Gobierno.
Eduardo Ojeda, secretario general de la Corriente Sindical Clasista (CSC), indicó que el Gobierno nacional no solo apunta a eliminar la inamovilidad laboral después de las 10 años, sino también a recortar las vacaciones pagadas y a la desaparición del salario mínimo legal.
Ojeda significó que la reforma del Código Laboral apunta, además, a eliminar la organización sindical, que es un derecho constitucional que no se respeta en el país, gracias a la complicidad del Ministerio del Trabajo. “Rechazamos esta patraña de Santiago Peña y de la ministra del Trabajo, que alegan que quieren crear 500.000 puestos de trabajo, una gran falacia, porque en realidad lo que buscan es restarle derechos a los trabajadores, flexibilizando aún más las condiciones laborales y hambreando más el salario del trabajador”, expresó.
Demagogia. Al mismo tiempo, la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), mediante un comunicado, rechazó las afirmaciones de Mónica Recalde, de que el objetivo es modernizar el Código Laboral. “Esta demagógica explicación no tiene sustento jurídico, es más, es totalmente violatorio del principio de la progresividad y la no regresividad, principio jurídico que sostiene que cualquier modificación de la legislación laboral no puede retroceder con respecto a los derechos de los trabajadores”, destaca esta central.
Entre tanto, el poderoso Sindicato de Trabajadores de la Ande (Sitrande), afiliado a la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), acusó al Gobierno de Peña de ser “una mentira absoluta de punta a punta”.
En un comunicado, Sitrande indicó que “eliminar la estabilidad laboral es un pedido antiguo de los empresarios y representa una salida fácil a la inutilidad absoluta del Ministerio del Trabajo, que debería haber sido un contrapeso ante los abusos cometidos contra los trabajadores”.
Agregó que el Gobierno, lejos de buscar el funcionamiento de las instituciones del Estado para crear una sociedad más justa para todos, prefiere eliminar un derecho consagrado del trabajador para facilitar a los empleadores despedir en cualquier momento, sin importar su antigüedad, “como si el trabajador fuese un simple objeto”.
En este contexto, la CUT-A convoca a una plenaria de dirigentes para este lunes, a las 15:30, en su local de Fulgencio R. Moreno 566.
La decisión del Gobierno de Santiago Peña de eliminar del Código Laboral derechos adquiridos de los trabajadores, como la estabilidad después de 10 años antigüedad, responde a una receta emanada del Fondo Monetario Internacional (FMI), que presiona a las autoridades para ir cumpliéndolas. Esta afirmación corresponde al histórico dirigente sindical de la CUT-A, Bernardo Rojas, quien afirmó que rechazan en forma categórica la pretensión del Gobierno de Peña porque constituye “una violación de una conquista histórica de los trabajadores y que se tomó de forma unilateral, sin llamarnos a un diálogo”, expresó Rojas.
