Las centrales sindicales amenazan con una serie de movilizaciones que podría desencadenar en una gran huelga general durante el primer cuatrimestre del 2025, en protesta a lo que consideran una serie de atropellos sistemáticos cometidos por el Gobierno de Santiago Peña en contra de los derechos de los trabajadores, tocando aspectos muy sensibles como los haberes jubilatorios, al elevar los años para el cálculo de 3 a 10 años.
La situación se está tornando mucho más grave aún para el sector sindical con el último anuncio oficial de que IPS recortaría los beneficios para el tratamiento y entrega de medicamentos a los enfermos de cáncer, diabetes y otras enfermedades catastróficas, que refuerza la especulación de la dirigencia sindical de que el Gobierno de Peña apunta a privatizar la seguridad social y la salud.
Los dirigentes también criticaron la aprobación de la “aberrante” Ley de las Mipymes, que da carta blanca para pagar sólo el 80% del salario mínimo a sus trabajadores, así como que las patronales hagan aportes diferenciados al IPS, con la excusa de lograr la mayor formalización de estas micro, pequeñas y medianas empresas.
A las apuradas. Mirta Arias, secretaria general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), afirmó que el cambio de la ley para el cálculo del haber jubilatorio se realizó a espaldas de los reales afectados, que son los trabajadores, sin debate previo, sin socializar e ignorando los derechos de la mayoría. “Realmente estamos ante una situación bastante peligrosa, que solamente nos lleva a la pérdida de derechos laborales”, aseguró la dirigente.
“Nuestro sector estaba hablando con el Ministerio de Economía sobre fortalecer el IPS. Nosotros sí estábamos de acuerdo en el 2,5% que el Gobierno está dispuesto a pagar al IPS y que será destinado a fortalecer el Fondo de Salud”, explicó.
Agregó que también presentaron la propuesta de que la aplicación del nuevo cálculo se realizara de forma gradual, para que en una primera etapa sea de 60 meses y que las personas que ya tengan cumplido los 25 años de aporte no sean afectadas. “Esa fue nuestra posición y ni siquiera la tuvieron en cuenta”, expresó.
Arias señaló que consideran que, en este momento, el Gobierno de Peña solo atenta, en forma sistemática contra los derechos de los trabajadores.
Por tanto, su organización sindical plantea la concienciación ciudadana de que estos abusos irán en aumento, por lo que plantean realizar una serie de movilizaciones, ni bien se inicie el 2025, que esperan desencadene en una gran huelga general, en protesta al proceder autoritario del Gobierno y del Parlamento, mayoritariamente cartista.
Cálculo puede elevarse a más de 10 años, denuncian
Eduardo Ojeda, de la Corriente Sindical Clasista (CSC), acusó a los diputados cartistas de aprobar de manera tramposa, autoritaria y arbitraria una ley que estafará a los futuros jubilados del país. “Estamos hablando inclusive de más de 10 años para el cálculo porque en muchísimos casos, más de la mitad de la población laboral no completa los 30 días de trabajo todos los meses, con lo que completar los 120 meses requeridos podría llevar a más años para el cálculo, por no contemplar casos de reposo por accidente, ausencias o desocupación por un tiempo determinado. Entonces, al calcular, el haber jubilatorio podría sufrir un recorte de entre el 15% y el 50%”, adujo Ojeda.