El recorte presupuestario obliga al Ministerio Público a situar a San Antonio como una de las sedes que van a tener que ser cerradas, y a raíz de ello, vecinos y bomberos voluntarios de la zona ayer se manifestaron frente a la Fiscalía de la ciudad, porque se verán afectados.
Fuentes fiscales afirman que es una retracción general que tiene que hacer la institución para adecuarse. Según aseguran, las fiscalías de Edelira, San Joaquín, Vaquería, Capiibary, San Antonio, Villeta, Itá y Asunción barrial 6 y 8 están confirmadas para el cierre.
Seguirían Santa Rita e Iruña, que todavía están en estudio. Aseguran que RRHH está analizando si se llegan a cerrar otras más, además de oficinas de denuncias que están más cerca de la ciudadanía en varios puntos del el país.
Este nuevo presupuesto implica impactos en las investigaciones y en las áreas laboral, civil y en recepción.
REUBICACIÓN. La Administración del Ministerio está estudiando cuáles serían aquellas sedes con mayor infraestructura y capacidad para recibir a funcionarios y la logística que deben transferirse, ya que aseguran que no habrá despidos.
Recordemos que el recorte a la Fiscalía fue de G. 39.000 millones y afirman que con esto impactó G. 5.000 millones en alquileres, también en prestación de servicios en mantenimientos de vehículos en viáticos y combustible.
Funcionarios siguen reclamando que se revierta la disminución presupuestaria y, aparte de San Antonio, las manifestaciones seguirían también en Itá, en donde vecinos estarían exigiendo que no les quiten la Fiscalía.