El funcionario con cargo de directivo, Julio González, con antigüedad de 14 años en el Instituto de Previsión Social (IPS) y titular de la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos con Discapacidad del Paraguay (Asonadis), sigue sin sumario pese a las denuncias en el Ministerio Público y en Senadis, por supuestamente formar parte de una red que cobraba por certificados falsos de discapacidad para conseguir un cupo laboral en la función pública.
A casi un mes de que saltaron los casos de falsos discapacitados que salpicaron a Julio González, el IPS sigue mudo. Ni el director de Gestión y Desarrollo de Talento Humano del IPS, Cristian Fox, ni el director jurídico de la previsional, Víctor Hugo Thomas, responden a las llamadas y mensajes sobre las consultas de los avances de la supuesta investigación interna en el caso de González.
Desde el Departamento de Prensa de IPS se informó la semana pasada de una investigación interna que podría derivar en una “eventual apertura de sumario”, pero no hay novedades sobre la pesquisa.
RUMBO AL OPAREI. A semanas de la oficialización de los casos de certificados falsos que salpicaron a 14 funcionarios que ya fueron desvinculados, González sigue en su cargo de directivo en la Dirección de Planificación del IPS.

Julio César González es funcionario permanente en el IPS con un sueldo neto de G. 8.870.000, según datos de la web de la previsional.
Funcionarios del IPS, cansados de la prepotencia de Julio González, denunciaron a la Redacción de ÚH que temen que el caso no tenga consecuencias laborales ni en la Justicia. Es decir, que termine en el oparei.
Los trabajadores de la previsional –resguardando sus datos por temor a represalias– denunciaron que supuestamente Julio González tiene protección y vínculos con Raúl Vega, jefe de Gabinete, y mano derecha del doctor Vicente Bataglia, presidente del IPS.
ÚH intentó comunicarse con Raúl Vega por mensajes y llamadas, pero no respondió, pese a la insistencia. Desde la cuenta de Twitter Noticias IPS –que filtró los documentos sobre el caso– también afirman el blindaje político.
Incluso, según las publicaciones en la web del IPS, Julio González entregó el 26 de noviembre del 2021 un reconocimiento al doctor Vicente Bataglia por el cumplimiento de la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
El denunciante incluso aseguró que Julio González no trabaja y que presenta permiso sindical para no acudir al puesto laboral.
ANTECEDENTES. Según las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por los falsos discapacitados afectados, la red estaba encabezada supuestamente por Julio González, presidente de la Asonadis, y cobraba entre G. 2.500.000 a G. 7.000.000 por los trámites del documento, para finalmente entregar un certificado falso.
Los solicitantes de los certificados se ampararon en la ley que establece la obligatoriedad de que el 5% del plantel en una institución pública sean personas con discapacidad.
A Julio González no le afectaron las acusaciones de los tres ex funcionarios del Hospital de Villarrica, que lo señalan de formar parte de la red. En su momento, el abogado Cristian Fox, director de Gestión y Desarrollo de Talento Humano del IPS, alegó que no pueden tomar cartas en el asunto sin antes tener un dictamen jurídico.
14 trabajadores fueron desvinculados del Instituto de Previsión Social por presentar certificados falsos.
2.500.000 guaraníes es uno de los montos que supuestamente cobraba Julio G. para el trámite del documento.