La Contraloría General de la República detectó varias irregularidades en la evaluación financiera del IPS, cuyos resultados se encuentran en uno de los 10 tomos del Informe y Dictamen que se presentó ante el Congreso Nacional y que incluye más de 4.000 evaluaciones financieras.
Entre lo más llamativo que encontró el equipo auditor guarda relación con un monto de más de G. 1 billón que no cuentan con documentos respaldatorios. Se trata de presunta irregularidad que fue calificada como “la más emblemática” por el contralor general Camilo Benítez.
“Lo del IPS, yo creo que es más emblemático en este informe porque hay una cantidad de irregularidades que llaman mucho la atención, como ser, por ejemplo, un monto de más de G. 1 billón que no tiene la documentación respaldatoria en regla, cuando se les consultó sobre los pagos realizados”, reveló Benítez tras la presentación de las evaluaciones financieras a instituciones del Estado del periodo 2022.
Asimismo, señaló que en la auditoría de Fiscalización Especial Inmediata (FEI), sobre la millonaria deuda de la previsional con los proveedores, se desprende una diferencia importante en el monto entre lo que figura en el balance del Instituto de Previsión Social y lo que las empresas farmacéuticas dicen que se les debe.
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Esos datos, según explicó el contralor, se obtuvieron de un cruzamiento de datos con la información que solicitaron a los empresarios, atendiendo a que la previsional puso una serie de trabas para facilitar los documentos que eran requeridos por el órgano contralor.
“Nosotros tuvimos que recurrir a una orden judicial a los efectos que nos otorguen esa información, pero como no nos estaban enviando en ese momento, por una iniciativa solicitamos la información directamente a los proveedores y pudimos hacer un cruzamiento de los datos. Hay un monto muy importante sobre lo que los proveedores dicen que se les debe versus lo que figura en el balance del IPS. Estamos hablando de un monto de G. 500.000 millones”, afirmó.
El año pasado, la CGR exigió al IPS la entrega de los documentos sobre la falta de pago a proveedores, la construcción del Hospital Hematoncológico, el pago por maternidad, la nómina de funcionarios que ocuparon y ocupan cargos directivos en procesos que tengan que ver con esas compras.
En aquella ocasión, las autoridades de la previsional habrían señalado que necesitaban un plazo de tres meses y que era imposible cumplir con el requerimiento.
Este incumplimiento provocó que la Contraloría deba recurrir a la Justicia para obtener documentaciones, que fueron entregadas en febrero de este año en dos camiones repletos de cajas.
De acuerdo con publicaciones de Última Hora, la millonaria deuda de la previsional es de USD 258 millones, de los cuales USD 212 millones corresponden a medicamentos y equipamientos quirúrgicos.
Revisión de la Ley de Fonacide
El contralor también se refirió a una evaluación que realizaron al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) de los últimos 10 años sobre almuerzo escolar, merienda y kits, “que arrojaron datos muy reveladores que inclusive puede ayudar al Congreso Nacional a tomar medidas modificatorias”.
Benítez detalló que para obtener los resultados se evaluaron la provisión de servicio, la calidad del servicio, las contrataciones públicas, entre otros puntos.
Durante esa auditoría notaron que “existen departamentos del Paraguay que reciben muy poca cantidad de alimentos en el año versus la necesidad. Son las gobernaciones más pobres las que menos proveen a los niños”, sostuvo.
“La falta de asistencia en almuerzo y kits aumenta la decepción escolar”, afirmó.
Cuando fue consultado sobre los motivos de estas irregularidades, Camilo dijo que se debe a “un conjunto de todo” y a un fracaso de la Ley de Fonacide, por lo que cree que debe ser evaluada por el Congreso Nacional.
“Lastimosamente, la implementación de la Ley de Fonacide ha sido un fracaso porque, a pesar de la enorme cantidad de dinero destinado a los gobiernos departamentales, la realidad hoy de infraestructura es lamentable y también la realidad de los informes que tenemos del alimento escolar en las escuelas”, expresó.
Según el contralor, durante los últimos 10 años los pliegos y condiciones para las licitaciones de almuerzo escolar “fueron modificándose de una manera que le podría presumirse que le favorecía a un sector de la industria”, sostuvo.
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En ese sentido, se mostró a favor de revisar la Ley Nº 4758/12, que creó el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que también fue planteada por el ministro de Educación, Luis Ramírez, y referentes del sector cartista, como el senador Basilio Bachi Núñez.
“Yo personalmente sugiero la revisión de la Ley de Fonacide. Hay que evaluar. No puede ser que en el Paraguay haya niños que coman 30 días en el año nomás, que haya escuelas que no tengan alimento escolar. Yo creo que debería ofrecerse un servicio contra resultado”, afirmó.
Para Camilo, la falta de una buena provisión del almuerzo escolar se debe también a la falta de personas idóneas en los cargos de control.
“Los organismos departamentales y municipales no cuentan con el recurso humano calificado para administrar ese dinero. Un municipio remoto del interior del país no es que tiene el mismo director financiero que el MEC”, subrayó.
