La Contraloría General de la República (CGR) emitió el resultado preliminar de la auditoría practicada al Municipio de Puerto Casado, Departamento de Alto Paraguay, bajo la administración del intendente Hilario Adorno (ANR Cartista).
El documento salió el pasado 19 de agosto y ahora la Comuna chaqueña deberá responder con su descargo y pruebas documentales sobre las 29 observaciones encontradas referentes al manejo de fondos públicos del ejercicio fiscal 2022 y 2023.
En dicho periodo, los cheques emitidos para el financiamiento de gastos fueron librados a nombre del director de administración y finanzas, Samuel Horacio Pereira Cabrera, y el cajero liquidador, Juan José Adorno Giménez, por un total de G. 6.229.430.115. Los cheques no fueron librados a nombre de los acreedores que corresponden al ciclo en cuestión.
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En este caso, el Municipio informó que pagó remuneración a jornaleros, honorarios profesionales, adquisición de bienes de oficina, servicio social, servicios de aseo, productos alimenticios, combustibles, lubricantes, pagos a empresas de construcción.
Hasta un chofer figura en el recuadro entre los funcionarios que endosaron y efectivizaron dinero para pago a proveedores, que figuran entre las observaciones.
La empresa Ñandutí, según el informe emitido por la Contraloría, recibió desembolso para refacciones y mejoramiento de la Escuela de la Comunidad Indígena km 39 que, según el acta, las evidencias y la entrevista realizada al director de las instituciones profesor Cándido González hubo incumplimientos y no se realizó las obras, sin embargo, fueron pagadas un monto de G. 61.700.000.
Al menos 40 cheques con montos que oscilan entre G. 4 millones a G. 40 millones, fueron emitidos entre enero de 2022 y junio de 2023, al portador –y no a la orden de algún acreedor– por un total G. 763.350.000.
Sobre las dietas pagadas con atraso a los concejales, según CGR, no cuenta con datos de efectivización que corresponden al primer semestre de 2023. Son estas algunas ejecuciones por la que el jefe comunal a cargo y que aún sigue con proceso judicial y orden de alejamiento de la sede municipal por presunta lesión de confianza deberá justificar ante la contraloría los gastos realizados en el ejercicio de sus funciones en su corto periodo al frente de la comuna casadeña.
En mayo último, los auditores pudieron corroborar las ejecuciones en obras así también a los que corresponden a otras escuelas donde hubo incumplimientos de contratos, pero fueron pagadas en el caso de la Escuela Bernardino Caballero un monto de G. 13.228.030 fue pagada también a la empresa Ñandutí, pero no se completó la pintura de las aéreas establecidas en el contrato.
La contraloría evidenció transferencias de la cuenta de recursos de Fonacide en la cuenta genuina para uso en gastos corrientes un total de G. 116 millones en el ejercicio 2022 y la misma situación figura en otro ítem en este caso recursos de royalties un monto de G. 95 millones.
Un monto de G. 567.557121 correspondientes a gastos afectados a varios subgrupos presupuestarios no cuentan con documentación exigida para que sustenten las principales ejecuciones de ingresos y gastos exigidas a instituciones del estado sujetos a control.
Portones fantasmas
La plaza del barrio María Auxiliadora un sector muy carenciado de la población donde el municipio pagó por un portón inexistente un total de G. 6 millones, otro en la plaza del barrio Santa Teresita, el portón costó 3 millones, pero no fueron evidenciados por los auditores, en la plaza barrio Stella Marys fue pagado a la empresa Ñandutí G. 5.107.200 tampoco tiene portón, el que tiene portón instalado es la plaza Salva tu alma pagado G. 3.500.000 a la Casa Roca, pero la auditoria refleja que no tenía las medidas establecidas.
Además, la reparación de piso, paredes y gradería y pintura de murallas en el polideportivo parroquial que la CGR detectó incumplimientos, ya que no identificaron las reparaciones y pinturas y murallas siendo pagadas G. 45.800.000, los pagos en estos casos fueron desembolsados a una empresa denominada Casa Roca.
Este aparente despilfarro de dinero deberá ser argumentado y justificado en el descargo ante la Contraloría. Mientras la población se debate en necesidades como la falta de fuente de trabajos, calles cada vez más deterioradas, entre otros.
