Ruth Benítez Díaz
@ruthbenitezdiaz
El contralor Camilo Benítez busca que se eleve el control del almuerzo escolar al punto de respirar en la nuca a las autoridades y pide 0.5% del Fonae. Considera que el Ministerio Público debe poner a los informes de Contraloría como elemento de prueba. Sobre la posible destitución de Kattya González, opinó que no hay ilegalidad en el comisionamiento de su funcionario y que hay miles en esa situación.
–¿Cómo afectan a la Contraloría los cambios en la ley del almuerzo escolar y qué otros ajustes faltan?
–Hablo tanto del proyecto que parezco un vocero y en realidad yo no formé parte de la redacción de la ley y, por ende, hay cosas que nosotros mismos solicitamos, que se cambien, y tienen que ver con el control. Por ejemplo, el Conae no puede atribuirse funciones que son nuestras, está bien que controle pero no por encima de nosotros. Tenemos una estrategia de control. La idea es hacer un control que nosotros le denominamos concurrentes, que es mucha inversión en tecnología, acceder a información patrimonial que va a tener este fondo, pero también acceder a información patrimonial de Contrataciones Públicas, de las empresas adjudicadas, y hacer que toda esa información se vaya a una plataforma analítica de datos y poder cruzarlas. Esto significa que, por ejemplo, para calcular el precio de referencia, toda la información se puede analizar, los costos del servicio, y poder recomendarle que baje, porque hay lugares donde la comida cuesta G. 8.000 y otros donde cuesta G. 18.000. Con este sistema se puede controlar en tiempo real.
–¿Se cuenta con el presupuesto para aplicar todo lo necesario en control?
–Necesitamos que nos den mayor presupuesto para formar por lo menos a 300 auditores nuevos que se dediquen a controlar diariamente la provisión del servicio de alimentación escolar en las escuelas. Y para eso hemos desarrollado un formulario digital, como una suerte de plataforma online. El auditor se va a ir a la escuela, va a llenar los datos de la cantidad de comida, cuántos chicos comieron, fotos, videos y una entrevista a la directora que eventualmente le puede decir ‘sí, espectacular, o no’. Así también puede irse a la escuela y si no hay ninguna comida, hacer un informe en el momento. Esta plataforma inmediatamente tiene que mandar una alerta de que la escuela no tuvo comida, o que el alimento estaba podrido, o no era de buena calidad, o no alcanzó para todos los chicos, o se tiró. Esta es la propuesta real de control: Aplicación de tecnología, análisis de datos, conjuntamente con un equipo de auditores que todos los días de forma aleatoriamente vayan cayendo a la escuela, de forma que todos, sea el empresario, el gobernador, el director del colegio, sepa que le estamos respirando en la nuca.
–¿Cuánto se necesitan y cuál es la propuesta de financiación?
–Nosotros pedimos 0.5% del Fonae para que se destine a las bonificaciones y a lo que se necesite, para que sea un componente de control especial para este proyecto. No es mucha plata. Si el fondo es 300 millones, el 0.50% es 1,5 millones de dólares.
–¿Cómo está tu relacionamiento con el gobierno?
–Nosotros tenemos una labor constitucional. En el caso de Fonae nuestro informe fue tan bueno que hizo que la política nacional tome en serio y tenga una propuesta. El sistema de alimentación escolar es prioridad, uno para nosotros. Cuando se hizo la cumbre de poderes señalamos esto a todos los presidentes de los poderes del Estado. Por eso hablé del Fonae. Yo puedo entender que la gente está en contra de muchas partes de la ley, nosotros mismos en algunos artículos cuestionamos a ley. Pero quién podría estar en contra de la creación de un fondo para que los niños puedan comer.
–¿Su relacionamiento con referentes del gobierno, cómo es? Hay exigencias o pedidos, intentos de suavizar controles, esa influencia política que siempre hay.
–Presión política, mediática y ciudadana siempre hay, pero yo personalmente he transitado un arduo camino para nuestra independencia y autonomía. Por eso es que cambiamos hasta nuestro reglamento prohibiendo la actividad política interna, porque si nuestros propios auditores son fanáticos de un partido, obviamente indirectamente va a tener ese partido o ese político una sentencia sobre ese funcionario. Entonces, nosotros transitamos hace años este arduo sendero de la independencia de la Contraloría y yo personalmente te digo, soy absolutamente independiente, de hecho, a mí me designó otro Congreso, por ejemplo.
–Existe una denuncia muy grave de la oposición sobre un intento de pérdida de investidura a Kattya González en el Senado y tiene relación con ese tema.
–José Luis Torales es mi funcionario. Él fue comisionado a la Cámara de Diputado y después a la Cámara de Senadores, igual que otras 50 personas en esta situación que salieron de la Contraloría, pero así mismo tengo también la misma cantidad de funcionarios que ingresaron la Contraloría de otras instituciones. La comisión interinstitucional es una actividad reglada por ley, es una conducta permitida en el Derecho Público, no se puede cuestionar eso porque está permitido. El caso de José Luis, por qué nosotros le cortamos el comisionamiento y le iniciamos sumario porque nosotros a nuestros funcionarios le prohibimos hacer política y él fue candidato y presidente de un partido, pero él decía en ese momento que estaba comisionado y el decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto dice que los comisionados se rigen por las reglas del lugar donde prestan servicio. Eso es verdad. Por otro lado, la Constitución Nacional le da a la Contraloría la capacidad de autonomía, le da una naturaleza autónoma para dictar sus propias reglas, entonces el reglamento de la Contraloría podría ser un brazo de la Constitución Nacional, por eso se le hace un sumario a José Luis para ver qué norma se le aplica, si el reglamento o el decreto reglamentario. Se le acusa que él cobraba doble asignación, pero hay miles de funcionarios en esa situación y no está prohibido porque cobran su salario de un lugar, pero se van a otro lugar y le dan un cargo de confianza y cobra la diferencia. Tengo funcionarios del Poder Judicial, la Fiscalía, que le pago la diferencia y su sueldo, el Poder Judicial. Si José Luis cobraba su sueldo y figuraba que estaba trabajando y estaba en Cancún, es otra cosa. La Fiscalía va a determinar eso. En el caso de Kattya, categóricamente no le podés echar a una senadora por una conducta que está permitida en la ley. Ella lo único que pidió fue su comisionamiento.
–En cuanto a las denuncias que hace la Contraloría contra intendentes y gobernadores, ¿considerás que existen falencias por parte del Ministerio Público que no concluye los casos?
–Yo lo que creo es que el Ministerio Público tiene la postura institucional de volver a verificar los informes de auditoría que hacemos. En mi opinión, no debería ser así, porque el informe de auditoría de la Contraloría es un informe técnico sustentado en evidencia. Volver a verificar es doble trabajo, y, por otro lado, para qué existe la Contraloría si vas a volver a verificar. Para ellos es un insumo, no una prueba suficiente. Por otro lado, se está estigmatizando mucho a los intendentes y gobernadores. En cuanto a montos, es mucho mayor lo que se denunció en contra del gobierno central de lo que se denunció a intendentes, en montos. La clave es el control, no centralizar o descentralizar.
