El profesional hizo referencia en general a todas las adquisiciones, compras o inversiones que se realizan en el lado paraguayo.
En ese contexto, alegó que solamente si el presidente de la República, Santiago Peña, o el titular de Itaipú, Justo Zacarías Irún, dan su visto bueno la CGR podría llevar adelante una fiscalización.
La compra de 328.687 muebles chinos por parte de la Binacional sigue siendo blanco de cuestionamientos por una serie de aspectos llamativos, ocurridos durante el proceso licitatorio, que dan indicios de un presunto caso de direccionamiento.
Esta licitación fue de G. 238.714.954.290 (USD 32 millones al cambio actual), y la adjudicada fue la empresa china Kamamya SA.
El ente encargado que podría realizar una auditoría o una fiscalización de tal manera a confirmar o rechazar este presunto negociado es la Contraloría.
Sin embargo, se escudan en que se encuentra imposibilitada a llevar adelante esta tarea por una serie de medidas cautelares que siguen sin resolverse en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
ASPECTO JURÍDICO. “Años atrás, la Cámara de Senadores, mediante la resolución 1929, nos encomendó realizar tarea de fiscalización de los gastos sociales. Ante la negativa de la Itaipú de entregar la documentación necesaria, recurrimos ante la Justicia”, expresó el director jurídico.
Afirmó que existieron dos disposiciones reguladas que les obligaron a realizar una auditoría sobre los gastos sociales de Itaipú y Yacyretá, dictadas en años anteriores.
“La primera fue una resolución de la Cámara de Senadores y ante la imposibilidad de cumplir esta resolución, posteriormente se dictó una Ley 6763/2021. Ambas están pendientes de resolución por parte de la Justicia paraguaya. Esta primera resolución de la Cámara de Senadores nos obligaba a la auditoría de los gastos sociales de la Itaipú Binacional, pero ante la negativa de los entes de proveernos de los documentos necesarios, tuvimos que recurrir al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en virtud al artículo 20 de nuestra Carta Orgánica (ley 276/94) a fin de solicitar el apoyo jurisdiccional para que las entidades nos provean de los documentos”, explicó.
Alegó que este artículo de su ley consiste en requerir el auxilio judicial para obtener los documentos, informes necesarios para continuar la tarea de fiscalización.
Dijo que, ante este pedido, el juez donde recayó el tema (Édgar Rivas Laguardia) decidió remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, para realizar una consulta constitucional respecto a la norma invocada por la CGR (su artículo 20), y que, hasta la fecha, dicha consulta constitucional se halla pendiente de resolución.
“Este extremo fue debidamente comunicado a la Cámara de Senadores y es por ello, y a consecuencia de ello, que se promulga la Ley 6763/21, con la misma finalidad, es decir, auditar los gastos sociales de ambas binacionales. Ya con la vigencia de la ley, nuevamente la CGR inicia el procedimiento de rigor, solicitando la provisión de documentos respaldatorios de gastos, sin embargo, una vez no recibe respuesta positiva de ambas binacionales, por que nuevamente incoa la medida judicial prevista en el artículo 20 ya citado”, refirió.
En esta oportunidad, acotó, y coincidentemente, la nueva acción recae ante el mismo juez, Rivas Laguardia, que si les concede a la Contraloría la medida cautelar, empero la Itaipú Binacional solicita intervención en estos autos y apela la orden del juez.
INCONSTITUCIONALIDAD. Remarcó que de manera simultánea y paralela, ambas binacionales impugnaron, vía inconstitucionalidad, tanto la ley 6763/21, así como las resoluciones de la CGR que fueron dictadas para el inicio de las fiscalizaciones.
“Específicamente, en la inconstitucionalidad promovida por Yacyretá, la Corte Suprema de Justicia, dictó el Acto Interlocutorio (A.I.) N° 40/22 ordenando la suspensión de efectos de la ley y de las resoluciones de la CGR”, explicó el director jurídico como parte de los antecedentes.
Kamamya SA o Qin Yi América SA de Long Jiang presentó documentaciones a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) que demuestran que cada juego de mueble escolar importado de China tuvo un costo de USD 15 (G. 119.850 al cambio actual). No obstante, la binacional pagó entre G. 820.000 a G. 850.000 cada juego de pupitres (USD 103 a 106 también al cambio actual). En el documento más arriba se ve como esta empresa adquirió 16.560 juegos de muebles por USD 248.400 lo que equivale a USD 15 por mueble. Al costo de cada juego se debe sumar el flete de China hasta Asunción, así como el seguro y el despacho aduanero. No obstante, a pesar de estas sumas, el monto total no supera los USD 33, según publicaciones de medios de comunicación. ANULACIÓN. El pasado jueves, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) suspendió un llamado para compras de muebles escolares similares a los de la binacional de Itaipú. Esta licitación era llevada adelante por la Municipalidad de Ciudad del Este y establecía un costo, incluyendo el de la logística, de USD 22, frente a los USD, menor a lo que había pagado la binacional.
