Cheque en blanco al Ejecutivo a la hora de encarar proyectos de APP

El proyecto “De modernización del régimen de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado, que modifica la ley de Alianza Público-Privada (APP)” otorga amplias atribuciones al Poder Ejecutivo, en particular a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ninguneando al Congreso. Existen 17 áreas en las cuales se podrán encarar proyectos de APP, y que no necesitarán el visto bueno del Parlamento. “Hoy el Congreso Nacional desaparece de esta estructura y solamente el dictamen vinculante del Ministerio de Economía o del ministro de Economía (Carlos Fernández Valdovinos) es el que se va a tener en cuenta para la concreción o no de un contrato de APP con el sector privado”, señaló el diputado liberal Carlos Pereira Rieve, uno de los legisladores que cuestionó la propuesta normativa durante su tratamiento en la Cámara Baja el miércoles pasado. “Desaparece el Congreso y sus atribuciones, son las cuestiones que yo reclamé. Se le da un superpoder a un superministro”, añadió el legislador del PLRA.
Pereira afirmó que la iniciativa sancionada en pleno receso parlamentario es como un cheque en blanco para el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía. “Desde luego que sí, si el ministro de Economía responde al Poder Ejecutivo. Hoy el presidente de la República va a firmar el proyecto de inversión con el sector privado en forma directa, personal, sin la presencia del Poder Legislativo, que es el órgano de control que tenía que tener presencia y participación”, criticó.

Explicó que anteriormente para la aprobación de una APP, la aceptación del Congreso Nacional era necesariamente “una parte fundamental y vinculante” del proceso.

En el PGN. El diputado indicó que el Ejecutivo argumenta que el Congreso tiene participación a la hora de la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN), “pero eso es una falacia”. “Nosotros aprobamos montos en forma general. No se aprueban montos en forma particular para una u otra obra. Ellos mencionan que el Estado va a tener mayor participación y sí, y es bueno eso, del 10% que teníamos en la ley de APP anterior, hoy el Estado va a pasar a participar 25%”, señaló. Pereira insistió en que no hay reglas claras en la delineación de costos de obras, y así puede ocurrir “lo que pasó con ruta PY02, de que una obra cueste tres veces más del costo real, con tal de extender los años de concesión de la ruta para la recaudación y recuperación de esos montos que son inflados, que no son reales”.