“Emitimos un cheque nominal con una leyenda en mayúscula con negritas con el término “No transferible”. El beneficiario puede cobrarlo cuando presente su identidad frente al cajero”, agregó.
Con esto la ANDE pagará única y exclusivamente al beneficiario de las indemnizaciones, ya no a terceros, luego del cobro del dinero que correspondía a dos familias por parte de un abogado y una funcionaria pública.
Por lo tanto, establecieron que todos los pagos a través de cheques a personas físicas deberán ser entregados única y exclusivamente al beneficiario nominado con presentación de su cédula de identidad original y vigente en la sede central de la empresa estatal. Los cheques seguirán siendo emitidos, en todos los casos, con la leyenda “no transferible”.
Asimismo, establecieron que en algunos casos excepcionales y debidamente justificados, la ANDE podrá entregar los cheques al beneficiario en su domicilio particular dentro del territorio nacional, con presentación de su cédula de identidad original y vigente.
“De esta manera, la ANDE busca establecer mecanismos que ayuden a prevenir fraudes en los pagos con cheques a terceros y a la vez resguardar las gestiones administrativas de la Institución”, remarcó el asesor legal.
Contexto. El pasado 2 de agosto, dos funcionarios de la ANDE murieron por electrocución en servicio de sus funciones. Durante el velorio, Anadelia Acosta Armoa, funcionaria pública y vecina de las familias de las víctimas, ofreció asistencia legal para el cobro de las indemnizaciones.
Los días 11 y 26 de setiembre, el abogado Darío Flores, recomendado por Acosta ante las familias, cobra los dos cheques que debían ser destinados a las familias por G. 400 millones cada uno. No obstante, solo entregó G. 75 millones, G. 45 millones a una familia y G. 30 millones a otra.
El dato llegó a un periodista de la zona (Caaguazú) quien hace las averiguaciones y se percata del monto real de las indemnizaciones, tras esto, informa a la fiscal Norma Salinas, quien llevaba el caso de las trágicas muertes. Días después, ambos terminaron siendo imputados el 8 de octubre.
Armando Barreto, un productor hortícola, denunció a Radio Monumental 1080 AM una supuesta falta de pago de indemnización por ocupación de propiedad privada por parte de la ANDE en Itauguá. Explicó que la ANDE utiliza un terreno privado para la instalación de torres de tendido eléctrico. “Esto data de la dictadura, mi papá me comentó que un coronel cobró en su momento por todas estas personas. No podés confiar en el Gobierno ni en las instituciones porque te van a joder por el camino”, sostuvo. Recordó que en esa época no se podía reclamar porque te ibas preso. “Podemos ir a quejarnos, hacer un juicio, pero ¿quién va a pagar? podemos esperar, pero esperando hay gente que ya murió esperando. Tenemos el título de propiedad a nuestro nombre, en ninguna parte dice que dimos a la ANDE. Una vez me convocaron pero no me dieron ninguna solución. Eso ocurrió hace 20 años”, culminó.
