Cuando una entrevista sale bien, es mérito del periodista. Si sale mal, la culpa también es del periodista, ya que es él quien hace las preguntas, dirige la charla hacia donde quiere llegar, y profundiza los temas importantes, para luego presentarlos al público.
Algo similar, salvando las diferencias que existen, se da en un proceso judicial. Si un caso se alarga, no sale la resolución es, en realidad, responsabilidad del juez, camaristas o ministros de Corte que tienen el caso. Son ellos los que dirigen el proceso y juzgan la causa que es presentada por las partes.
Ahora bien, en sesiones anteriores de la Corte Suprema, se solicitó al Poder Legislativo priorizar el proyecto de ley sobre las recusaciones, conocida como Ley Antichicana, para incluso sancionar a los abogados que recusan sin motivos, y que alargan la causa.
Según los ministros de la Corte, la principal responsabilidad de que las causas, especialmente las penales, se alarguen es por culpa de los que se denominan normalmente “abogados chicaneros”, al punto de que ya se den las sanciones a los mismos.
Sin embargo, en la sesión pasada del pleno, el secretario de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal informó acerca de las antiguas acciones de inconstitucionalidad promovidas contra las resoluciones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y contra fallos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que aún no se resolvieron.
Lo llamativo es que uno de los casos fue planteado en 1992; o sea, hace 30 años. Hay otras acciones que se presentaron en 1997, 2000, 2001, entre otros. Es decir, hace 25, 22 y 21 años cada uno. La mayoría está en etapa de integración de los ministros para dictar un fallo, ya deben ser resueltas por la Sala Constitucional ampliada al pleno. No sabemos si los accionantes aún viven.
Me pregunto aquí: ¿qué chicanas se dieron para llegar a tantos años sin resolución? Aunque no conozco en profundidad los casos porque la información dada en la sesión es exigua, no creo que sean por las chicanas de los abogados.
A lo sumo, se plantean recusaciones a jueces, camaristas o ministros, pero la responsabilidad de darle una resolución en tiempo es de los magistrados o ministros. En otras palabras, hay que darle al César lo que es del César, y que cada quien asuma su responsabilidad cuando el proceso se alarga.
Si no hubiera inhibiciones porque es “amigo...”, “conocido...”, “primo del compadre de la secretaria...” o algo así, los resoluciones tampoco tardarían tanto. Aquí, si el juez, camarista o ministro no resuelve en plazo las resoluciones, es culpa de ellos, y no del abogado.
Es cierto, hay que reconocer que muchos profesionales del Derecho se pasan con los incidentes, recusaciones, apelaciones, casaciones, hacen abuso de los recursos procesales, pero no es menos cierto que si los mismos son resueltos en forma inmediata, sin demora, no se alargarían en demasía los procesos.
El principal motivo de que las causas se alarguen es porque no se resuelven en plazo. Es una culpa que hay que asumir y no solo direccionar a la defensa, porque también chicanean los fiscales, pero, como dije, la culpa mayor es del mismo Poder Judicial.
Lo peor es que la misma Corte Suprema debe dar el ejemplo, especialmente en las integraciones para resolver los procesos. Incluso, se habló de hacer una acordada para regular la integración del Máximo Tribunal. Que hayan pasado 30 años en una acción de inconstitucionalidad es el colmo. La Justicia tardía no es Justicia, y más si esta se da en la cabeza de este poder del Estado.
Las inhibiciones sin motivo, las excusaciones, la falta de integración para resolver las causas llevan meses. Eso no es culpa del abogado. La Ley Antichicana no resolverá el problema de que los casos se alarguen si primero los magistrados encargados no dictan resolución dentro de los plazos legales. Hay que asumir las responsabilidades.
