LA DEA. El 6 de diciembre, Jalil Rachid envió una nota dirigida a la DEA para informar que la Senad daba por concluido el programa SIU, que es la unidad de inteligencia de la agencia antidrogas. Esto desencadenó una crisis en el gobierno porque el documento se filtró y se hizo público en The Washington Post, que en un artículo decía que Paraguay rompía la cooperación. Al día siguiente, las autoridades de seguridad, como Enrique Riera, aclaraban que solo se trataba de una reestructuración.
Posteriormente, Peña ordenó que el caso quede en manos de Codena. El ministro de esta institución, Cíbar Benítez, comunicó entonces que la relación seguía firme y que el Gobierno quería ratificar el convenio. Negó la ruptura con la Senad. Pero la DEA respondió posteriormente la nota del 6 de diciembre e informó que daba por recibido el pedido y que en tres meses, tras un inventario, se retiraba del país. Ahora el Gobierno intenta retomar la relación y frenar la ruptura. La oposición calificó el hecho como una reculada y un papelón.
SANCIONES. El primer choque entre el cartismo y los Estados Unidos fue la declaración de “significativamente corrupto” contra Horacio Cartes en julio del 2022. El Departamento de Estado lo acusaba de haber cometido graves hechos de corrupción, soborno y hasta lo relacionó con organizaciones terroristas. Posteriormente, en 2023, el Tesoro emitió una sanción contra sus empresas que lo obligaron a desvincularse de todas ellas. Referentes de Honor Colorado denunciaron que Biden, y principalmente, por influencia del embajador Marc Ostfield y Mario Abdo, quería que el Partido Colorado pierda las elecciones.
PEDIDO DE RETIRO DEL EMBAJADOR. Un hecho que fue calificado como vergonzoso fue el pedido del Gobierno, a través del canciller Rubén Ramírez y la entonces jefa de Gabinete, Lea Giménez, de que Marc Ostfield se retire del país por la pérdida de confianza y que se acelere el cambio de embajador. Esto fue una reacción a causa de una nueva imposición de sanciones contra Tabesa. El cuestionamiento más grande fue la defensa que hizo el Gobierno de Peña a una empresa privada que lo llevó a una crisis diplomática. Hasta ahora, Biden no retiró a su embajador, ya que la designación de su reemplazo sigue su curso normal.
LEY CONTRA ONG. Otro roce significativo fue el posicionamiento de la Embajada a favor de las organizaciones y contra la ley que establece controles más rigurosos a la sociedad civil. Estados Unidos es uno de los mayores cooperantes a este sector mediante Usaid. Ostfield salió a dar su respaldo público a los afectados mientras el gobierno, a través de Gustavo Leite, impulsaba el proyecto.
FILTRACIÓN. Santiago Peña acusó al Gobierno de Estados Unidos de intromisión y de una falta de respeto cuando se hizo público un documento filtrado de la agenda demócrata que detallaba un plan de lucha contra la corrupción en Paraguay. Entre otras cosas, hablaba de separar la figura del presidente de la de Horacio Cartes. Este respondió que esto es imposible porque no tenía por qué separarse del líder del Partido Colorado. Peña tiene esperanza de que la relación de Paraguay con Estados Unidos mejore luego de la toma de poder de Donald Trump, en enero, tras su victoria en las elecciones. Además, el cartismo destaca la buena relación con Marco Rubio, quien será el próximo secretario de Estado, y con Christopher Landau, subsecretario.
La primera vez que el cartismo mencionó su intención de romper con la DEA, específicamente en la eliminación del programa SIU, la unidad de información sensible, fue tras la muerte del diputado Lalo Gomes. Fue Yamil Esgaib, quien manifestó que presentaría un proyecto de ley para retirar a los agentes de la SIU del país. La causa que señalaba es que tenían la sospecha de que el legislador de Pedro Juan Caballero fue asesinado por intención de este sector. La propuesta no prosperó. Gomes murió en su casa cuando se realizaba un allanamiento armado con la Policía y la Fiscalía, además de agentes de la DEA, por un caso de narcotráfico en el que el diputado estaba involucrado. Pero luego de la victoria de Trump, el Gobierno, mediante Jalil Rachid, aprovechó para notificar que se apartaba del programa, aunque al final la estrategia salió mal y tuvo que retroceder. Incluso el ministro del Interior, Enrique Riera, manifestó que la Senad, sin esta cooperación, no podría funcionar. El Gobierno de Santiago Peña intenta retener tanto la presencia de efectivos como de equipos de la DEA en nuestro país, luego del papelón que significó el anuncio del fin del acuerdo con su principal organismo de combate contra las drogas, que es la Senad. Se sabe que existen conversaciones entre los responsables de Codena para retener a la DEA, pero los norteamericanos creen que no pueden permitir que la información se comparta de una forma ampliada. Tampoco aceptarán que se dirija el trabajo del organismo antidrogas.
