“Choré: Te quiero ver más grande”. Esta frase suena muy optimista y romántica, hasta incluso pinta un futuro muy prometedor. ¿Quién no quiere eso para su ciudad y el país?
Esta frase la encontré en la cuenta de Facebook de la Intendencia de la citada Comuna sampedrana, gestionada por el colorado Rodolfo Ferreira Monges.
Sin embargo, ese porvenir tan idílico no se refleja en la realidad. En 2018, el Municipio de Choré recibió 1.414 millones de guaraníes en el marco del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), según registros de Hacienda.
Este dinero debía destinarse para la infraestructura educativa, específicamente en construcción, remodelación, mantenimiento y equipamiento de centros educativos, además del financiamiento del almuerzo escolar de niños de la inicial y la escolar básica.
¿Qué pasó de ese millonario monto? Nada. Esta localidad hoy está en la mira por ser una de las 61 intendencias (de las 254 que tiene el país) en no presentar los papeles que respalden el uso del dinero público, según la Contraloría General de la República.
En tanto, la Comuna encarnacena –tras la presión mediática– dejó de figurar en la “lista negra”, ya que presentó con retraso –el lunes último– sus papeles relativos al Fonacide a la Contraloría.
Todo esto es una verdadera afrenta a la nación, en particular a miles de niños que son privados injustamente de los beneficios de una alimentación y educación digna que deberían recibir.
No puedo dejar de insistir que es una verdadera vergüenza que uno de cada cuatro municipios (el 25%) no transparente el uso del dinero público, y que los niños den clases bajo el mango, no tengan un pupitre, estén expuestos al peligro de recibir un tejado en la cabeza o morir por el derrumbamiento de las aulas, o bien, que no puedan acceder a los nutrientes claves del almuerzo escolar para un aprendizaje efectivo.
Es una mofa en grado sacro para las comunidades que sus propias autoridades usen el dinero en su cara, a sabiendas de las precariedades y necesidades del Comuna para dar destinos ajenos a los intereses de sus pobladores.
Esta realidad está siendo denunciada por los medios de comunicación casi a diario, incluso desde años atrás. Pese a que la corrupción sigue campante, los políticos del gobierno central no son capaces de solucionar el dilema y no son tajantes de cerrar el grifo del dinero del Fonacide a los que no rinden cuentas.
“La profusión de casos de incumplimiento, despilfarro y falta de rendición de cuentas revelan que dicha política (del Fonacide) ha sido un fracaso y necesita ser enmendada”, escribía ya en el 2015 el exministro de Hacienda, Dionisio Borda sobre esta desoladora realidad.
“Sencillamente, no se pueden transferir recursos financieros sin tomar en consideración las falencias de la gestión municipal y la falta de transparencia”, añadía el ex alto funcionario estatal.
Todo esto demuestra que la educación sigue marginada y en terapia intensiva. El tema no es de interés real de los políticos, e incluso, revela no solo la desidia de los gobiernos comunales y departamentales, sino también la omisión e inacción del Gobierno Central en la falta de políticas claras al respecto.
El accionar de algunas comunas es grave y si no se corrige, no solo seguirá el “carnaval” del dinero público, sino que la educación será postergada de nuevo.
