La advertencia respecto al serio problema de filtración que compromete a bases de datos paraguayos provino de una fuente externa a las instituciones del Estado. De acuerdo con la información dada a conocer por el experto, se filtraron datos personales de millones de ciudadanos, citando nombres, lugar de nacimiento, profesiones, género, dirección, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros. Igual que otras veces, la respuesta del Gobierno ha sido lenta e insuficiente. La situación deja al país expuesto, sumamente vulnerable y poco creíble.
Esta fue, sin duda, una respuesta lenta e insuficiente para la gravedad de lo sucedido.
El experto en ciberseguridad, Miguel Ángel Gaspar, había realizado la primera advertencia a través de redes sociales, respecto a cierta información sobre la que le advirtieron colegas de la región, respecto concretamente a una filtración que comprometía bases de datos paraguayos.
Afirmaba que habían sido filtrados datos personales de 7 millones de ciudadanos de Paraguay, dándose a conocer nombres, lugar de nacimiento, profesiones, género, dirección, vencindario, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros. Agregó después que se trataría de datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Registro Civil, y de algunos partidos políticos.
Por su parte, el titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, señaló que las sospechas iniciales sobre la supuesta “venta de datos personales de ciudadanos paraguayos” apuntaban a un posible vínculo con ataques cibernéticos registrados en agosto de 2023, durante los primeros días de la gestión de Santiago Peña, y en entrevista radial afirmaba que no tienen una alerta roja desde el punto de vista de vulneraciones y que no podían confirmar nada.
Pese a la gravedad de los hechos, el Gobierno no ofreció respuesta alguna, salvo anunciar una investigación, y tampoco anunció algún tipo de medidas sobre la filtración masiva de datos de paraguayos en las redes.
De acuerdo con la información disponible sobre el tema, es sabido que en la zona se registra un crecimiento exponencial de 3.500% en casos de suplantación de identidad, todo esto provocado por el uso indebido de datos personales obtenidos de las filtraciones.
Como se había puntualizado, a nivel individual las personas se sienten expuestas; como explicó un experto, estamos tan desprotegidos como frente a un motochorro. Pero la venta y el uso ilegítimo de datos personales, le resta credibilidad al mismo sistema y, sobre todo, a las instituciones del Estado paraguayo.
La reciente filtración de datos personales ocurrida la semana pasada es un hecho sumamente grave y que demuestra que la infraestructura tecnológica del país es muy vulnerable. Según se dio a conocer, el Centro de Respuestas ante Incidentes Cibernéticos (CERT- PY), registra 150 ataques graves al mes a instituciones públicas y privadas. Hace dos años, las instituciones públicas habían sido atacadas 30 veces.
El senador José Oviedo, integrante de la Comisión de Ciencias y Tecnología, habló de un proyecto de ley de protección a la infraestructura crítica ante riesgos físicos, cibernéticos y naturales, y admitió que como país somos “vulnerables en cuanto a protección de redes. Nosotros no cuidamos nuestra infraestructura crítica”.
Urge por lo tanto que las autoridades encaren este asunto con la seriedad que amerita la situación. Para eso no solamente son necesarias leyes o planes nacionales de ciberseguridad que puedan quedar en meras palabras. Se debe pasar a la acción y dedicar recursos, infraestructura e invertir también en capacitación para poder estar protegidos de los ataques. Si el Gobierno no pone empeño ni implementa acciones concretas, el país se verá frágil, con una economía vulnerable y una soberanía puesta permanentemente en duda.
