En varios tuits, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que esas son las víctimas que ha contabilizado hasta la fecha y manifestó su “preocupación” ante la situación en Haití.
Agregó que ha “recabado información preocupante sobre bloqueos de calles, avenidas y carreteras; violencia dirigida a manifestantes; disparos esporádicos y detenciones de personas en el marco de las protestas” en este país.
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Asimismo, expresó su inquietud ante una situación que “ha tenido un impacto serio en la provisión de bienes y servicios esenciales para la alimentación, el agua potable y la salud, así como en el cierre de hospitales, escuelas aduanas portuarias y aeropuertos”.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppMiles de personas salieron a las calles durante este mes para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moise, en unas protestas que ocasionaron al menos nueve muertos, de acuerdo con el recuento difundido hasta ahora desde Haití.
Las manifestaciones se han vuelto día a día más violentas, con saqueos de comercios, calles bloqueadas con neumáticos ardiendo y quema de vehículos.
Estos sucesos, que han aumentado la inseguridad en el país más pobre de América y han provocado un clima de incertidumbre, se producen en medio de una dura crisis económica, que se agravó este año por una fuerte depreciación del gourde, la moneda oficial, y una inflación galopante.
Aparte de exigir la renuncia de Moise, al que la oposición culpa de la crisis económica, los manifestantes piden justicia por las supuestas irregularidades en el programa Petrocaribe, a través del cual Venezuela suministra petróleo a este país a precios blandos.
Una auditoría presentada la semana pasada por el Tribunal de Cuentas reveló irregularidades entre 2008 y 2016 en este programa y señaló a 15 ex ministros y actuales funcionarios que están involucrados en este caso, así como una empresa que dirigía Moise antes de llegar a la Presidencia.
El Gobierno haitiano ha hecho varios llamamientos al diálogo, pero las facciones de oposición más radicales, como el Sector Democrático y Popular, rechazan sentarse a negociar y anuncian nuevas movilizaciones tras unos días de relativa calma.
