El proyecto de ley de hambre cero en las escuelas, presentado por el presidente Santiago Peña, sigue generando reacciones en distintos sectores que se verían afectados por la iniciativa de centralizar los recursos de la alimentación escolar destinando el 100% del dinero recibido de Brasil por la cesión de energía de Itaipú.
La Sociedad Científica del Paraguay, a través de un comunicado, expresó su preocupación por esta iniciativa y teme que esta decisión anule los fondos destinados al apoyo y desarrollo de la ciencia en el país “provocando un golpe fatal a la investigación científica nacional”.
Eso afectaría al Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología que se inició en el año 2012 y debe concluir en el 2027.
La Sociedad Científica del Paraguay a la opinión pública. Comunicado sobre el proyecto de “Hambre Cero en las escuelas”. pic.twitter.com/UQUp38EyZt
— Sociedad Científica del Paraguay (@SCientificaPy) January 30, 2024
Lea más: Gobierno presenta proyecto de hambre cero en escuelas ante “fracaso” del Fonacide
Actualmente, el programa prevé 312 proyectos de investigación y desarrollo, 4 proyectos estratégicos y 20 proyectos multicéntricos, según afirmaron.
El Programa Nacional de Incentivo para los Investigadores, que beneficia a 700 investigadores e investigadoras, también se vería afectado con este proyecto del Gobierno.
El lunes, el presidente de la República, Santiago Peña, presentó el proyecto denominado Hambre cero en las escuelas, y tiene como finalidad la universalización de la alimentación, llegando a 1.300.000 estudiantes, los 180 días del año lectivo.
Lea también: Gobernador critica discriminación a Central y apunta a golpe político
Para ello todo el dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) sería destinado a este efecto, un total de USD 250 millones, provenientes de la compensación recibida de Brasil por la cesión de energía de Itaipú.
Esto dejaría sin financiamiento al Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), que además financia al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y otros; la ley de arancel cero; el Fondo Nacional de Salud; la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD); proyectos de infraestructura para la educación.