Es cierto, el proyecto de Reconversión Urbana y Metrobús prometía ser una solución ambiciosa para agilizar el tránsito en el área metropolitana.
Ese proyecto, sin embargo, se murió y nadie se hizo responsable.
Ya al comienzo este plan de mejora en el transporte público trajo una dura oposición de comerciantes y vecinos de la zona, pero igual se inició entre finales del 2016 y el primer mes del 2017.
La empresa portuguesa Mota Engil había sido adjudicada para realizar el corredor central del Metrobús, que se debía hacer sobre la avenida Eusebio Ayala, desde General Aquino hasta Calle Última (tramo 2) y, de ahí, hasta la Universidad Nacional (tramo 3), en total, 12 kilómetros.
Primero se hizo un reacondicionamiento de las calles alternativas y luego las obras empezaron. Se previó culminar un tramo a fin del 2017, pero se extendió el plazo para el siguiente año. Al final, solo habilitaron 800 metros.
Ya en octubre del 2018, la empresa Mota Engil abandona las obras, luego de una lucha con el MOPC.
¿Qué quedó de lo que pretendía ser un magnífico proyecto? Bueno, solo caos. Varios negocios no tuvieron más opción que cerrar sus locales. Otros tuvieron que ir despidiendo personal, porque ya casi no tenían ventas. La zona del Metrobús se volvió intransitable y desolada.
Luego, a raíz de las quejas y las denuncias penales, las mínimas obras hechas fueron nuevamente demolidas, en el 2020, pero no dejaron las calles en óptimo estado.
Hasta ahora ocurren accidentes de tránsito a raíz de los cráteres que dejaron las obras inconclusas.
Aparte que el proyecto quedó en la nada, las calles rotas sigue causando dolores de cabeza a conductores que pasan por ahí todos los días.
Todavía se ve que, cuando llueve, no se pueden evitar las inundaciones, debido a la necesidad de un desagüe que no fue subsanado. Esto genera peligro y millonarias pérdidas para trabajadores, quienes afirman que sus locales se inundan con el fuerte temporal, que antes no pasaba.
Al pasar por las zonas se ven pozos en las veredas, hundimientos y, pese a todo eso, todavía no hay nadie identificado como responsable.
Uno de los primeros que se hizo eco de las irregularidades fue el ingeniero Hermann Pankow, quien hizo la primera denuncia en el 2018 y luego arrimó los informes de Contraloría, la cual confirmaba las sospechas de mal manejo de dinero.
También se acercó con una denuncia el senador Salyn Buzarquis, pero nada de avances hubo en la causa.
Años atrás sí se le había convocado al ex ministro de Obras Ramón Jiménez Gaona y al denunciante Pankow, y se hicieron varios pedidos de informes. Lo triste es que ya pasaron 5 años de los reclamos penales y no hay ningún imputado.
Algunos referentes de la sociedad civil ya intentaron reunirse con la actual fiscala general, pero afirman que no los recibe.
¿Terminará en la nada este caso que ya hizo mucho daño, no solo a familias, sino al propio Estado?
