El primer operativo –a cargo de fiscales de la Municipalidad local– se llevó a cabo en el barrio Santa Ana, donde se incautaron de cinco máquinas de tres locales que no cumplían con la normativa vigente. Según el comunicado emitido por la Comuna, este tipo de intervenciones se realizará de forma aleatoria en diferentes puntos de la ciudad. La intención es que los propietarios regularicen sus permisos antes de enfrentar sanciones más severas, que incluyen multas de 20 jornales mínimos y el decomiso de las máquinas.
Desde el mes de julio, la Municipalidad ha estado notificando a los propietarios de tragamonedas sobre la necesidad de actualizar la documentación correspondiente. Se estima que unas 2.000 máquinas de este tipo están distribuidas en la ciudad, muchas de ellas en veredas, accesos a bodegas, despensas y zonas cercanas a instituciones educativas, algo expresamente prohibido por la ley vigente.
“Las máquinas ya no podrán estar expuestas al público masivo. Deben estar dentro de un salón cerrado y a una distancia mínima de 500 metros de cualquier escuela o colegio”, afirmó Jorge Duarte, auxiliar administrativo de la Intendencia municipal. Esta medida busca evitar la exposición de niños, niñas y adolescentes a los juegos de azar, conforme a los principios de protección de la infancia establecidos en la normativa.
ORDENANZA. La nueva Ordenanza 09/24 establece requisitos más estrictos para la habilitación y operación de máquinas tragamonedas en la ciudad. Entre las disposiciones más relevantes, menciona que las máquinas tragamonedas deben estar ubicadas dentro de salones cerrados y no pueden estar expuestas al público en veredas, accesos a comercios o bodegas, y deben estar situadas a una distancia mínima de 500 metros de instituciones educativas, medida que se toma desde la entrada principal de la escuela o colegio más cercano.
Igualmente, prohíbe de forma explícita el acceso de niños, niñas y adolescentes a las salas donde se encuentren estas máquinas. Los propietarios deben solicitar la habilitación municipal y pagar un canon mensual de un jornal (G. 107.000) por cada máquina y todas las habilitaciones previas otorgadas bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) quedaron sin efecto, debiendo los propietarios ajustarse a la nueva normativa municipal.
Los ingresos provenientes de los cánones serán destinados al Consejo Local de Educación, de acuerdo con la Ordenanza 09/24. La Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad será la responsable de calcular y administrar estos recursos, garantizando que se utilicen para fortalecer la educación local.
La nueva ley también otorga facultades al Ministerio Público para intervenir en casos de incumplimiento. Este organismo podrá actuar cuando se detecten máquinas tragamonedas en zonas no autorizadas o expuestas al público, especialmente cerca de instituciones educativas. La colaboración entre la Municipalidad y el Ministerio Público busca garantizar la eficacia de las medidas de control.
Los operativos de control se han realizado en diversos barrios, incluidos Santa Ana, San Alfredo, 23 de Octubre, Área 4, Remansito, Centro, La Blanca, Don Bosco, Che La Reina, Zona UNE, Zona Costanera, Km 8,9 y 10 Acaray, Calle 2000 San Vicente, Ciudad Nueva San Marcos, 29 de Septiembre y Barrio Boquerón.
REGULARIZAR. Desde la Comuna se ha enfatizado la necesidad de que los propietarios de máquinas tragamonedas regularicen su situación cuanto antes. La Municipalidad anunció que se seguirán realizando controles aleatorios en distintos puntos de la ciudad para asegurar el cumplimiento de la ley. Según Jorge Duarte, “el objetivo es garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas y proteger a la comunidad”.
La regulación de las máquinas tragamonedas no solo busca el control tributario, sino también la protección de la niñez. Las investigaciones de la Conajzar han demostrado que la exposición de niños a estos equipos puede tener consecuencias negativas.
Por ello, la medida ha sido bien recibida por la comunidad educativa y las organizaciones de protección de la infancia.
