Asunción está sitiada y sus habitantes estamos secuestrados. Estamos sometidos a la extorsión las 24 horas del día y sus causas parecen estar lejos de erradicarse. Si uno no paga la cuota exigida por el cuidacoches o por el limpiavidrios de turno, corre grandes riesgos de ser violentado. En los últimos días se hicieron frecuentes las denuncias de automovilistas en redes sociales, quienes mostraban fotos de sus coches con rayaduras o ventanas rotas. ¿La razón? Se negaron a pagar la tarifa de los informales servicios en la vía pública.
Lo más lamentable de la situación no es que nos hayamos acostumbrado a estas prácticas extorsivas, sino que las autoridades locales las están normalizando. Cajas de madera, cartones, conos, cascotes, cubiertas y otros objetos son colocados en las calles, en pleno espacio público, para reservar lugares a los clientes cómplices. La persona que osa estacionar su auto en alguno de esos sitios recibe la clásica respuesta de que no puede, pues está siendo guardado para otro conductor, que se lo ganó por las dádivas otorgadas. ¿Y quién dio esa autoridad municipal a los señores con trapitos?
El conflicto entre taxistas y las plataformas de intermediación de transporte (Uber y MUV) evidenció la falta de gestión en la Municipalidad de Asunción. MUV ya lleva más de un año funcionando en el país y las conversaciones para la reglamentación cuentan casi el mismo tiempo. Sin embargo, hasta ahora poco o nada se ha hecho. Los ediles, en vez de cuestionar las fraudulentas paradas del enjambre amarillo, su deficiente servicio (en la mayoría de los casos) y las agresiones, demuestran cierta antipatía contra las aplicaciones tecnológicas que están ayudando al ciudadano a escoger una mejor prestación, que brindan factura legal y que no necesitan usurpar grandes bloques de calles para operar.
Que el intendente Mario Ferreiro haya salido a comparar a las plataformas de intermediación con una cadena de supermercados, marca la pauta de que, por lo mínimo, está muy mal asesorado. Por supuesto que necesitan una reglamentación o ley, nadie lo duda, pero también es imperioso que se ponga un alto a la prepotencia e informalidad taxista y mucho menos se puede pensar en una normativa hecha a su medida. ¿Cuántos ciudadanos perdieron sus buses o pusieron en riesgo su integridad física la semana pasada, en la Terminal de Ómnibus, cuando el enjambre protagonizó el vergonzoso espectáculo de amedrentamiento a los conductores de las apps?
ENTRE LO NUEVO Y LO VIEJO. Mientras la Comuna capitalina pone la mira del rigor a las iniciativas vanguardistas, vuelve a incurrir en las mismas y deleznables maniobras del pasado. Recientemente se aprobó un nuevo aumento salarial para más de 1.300 funcionarios de la Junta Municipal, lo que significa una erogación de aproximadamente G. 1.000 millones. En cambio, el contribuyente sigue cayendo en baches o tiene que dar propinas en las oficinas municipales para poder agilizar sus trámites.
Con este tipo de señales, ¿cómo pueden esperar que los ciudadanos no estén fastidiados? Pero el virus de la extorsión tampoco es exclusividad de Asunción. Pasando Calle Última nos encontramos con que los concejales de Mariano Roque Alonso también sucumbieron al anacronismo, por no pensar otra cosa. Intentar prohibir, vía resolución, el tránsito de los ciudadanos que trabajan o viajan con MUV y Uber por su ciudad, y justo cuando empieza la Expo, fue el colmo del retroceso, además de inconstitucional. Como era de esperarse, las cataratas de críticas hicieron que la intendenta Carolina Aranda deje sin efecto esa temeraria nota que envió a los organizadores de la tradicional feria.
La sociedad paraguaya todavía tiene mucho que luchar para exterminar esos viejos tumores que tanto daño nos hacen, como son el clientelismo político, la prebenda y el miedo al cambio. Estos males siempre nos mantendrán secuestrados y condenados al atraso.